Con la creación de una ley general, el gobierno complementaría los trabajos de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, porque ambas se regirían con objetivos claros ante las necesidades actuales del país, como brindar acceso al derecho humano, saneamiento, gestión y regulación de este recurso, expuso Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista aseguró en entrevista con La Jornada que el objetivo principal de la Ley de Aguas Nacionales es regular la gestión del recurso para los ecosistemas, actividades industriales y la generación de energía en el país.

Aseguró que se requiere reformar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al quedar rebasada al paso de los años por los avances tecnológicos y administrativos apegados a las necesidades hidrológicas nacionales, como la revisión de los 583 mil títulos de concesión otorgados en el país o la tecnificación de los distritos de riego.

Con la reforma al artículo cuarto en 2012, señaló, se otorgó rango constitucional al derecho humano al agua y al saneamiento, lo que permitió formular el proyecto para la Ley General de Aguas, pero ésta no se ha podido concretar. Entre sus puntos medulares figuran la definición de la participación de los actores en los trabajos para la gestión del líquido.

Arriaga Medina señaló que esta iniciativa no se ha podido consolidar porque diversos sectores relacionados con la gestión del recurso la ven, junto con la Ley de Aguas Nacionales, como dos cosas completamente distintas, por lo que proponen la creación de una sola para la simplificación de procesos, entre otros aspectos. De juntar ambas leyes, precisó, se tendría mayor confusión en la gestión del agua al tener ordenamientos muy extensos, que incluso podrían contradecirse.

Tras la firma del Plan Nacional Hídrico y el Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad en noviembre pasado, la Conagua, dirigida por Efraín Morales López, desarrolla desde el día 27 los foros Transformando el régimen del agua en México, a fin de recabar propuestas e información de distintos sectores para poder concretar estas iniciativas en el Congreso de la Unión.

El titular destacó en el inicio de estos encuentros la importancia de un nuevo marco normativo para combatir, mediante el fortalecimiento de las autoridades, el uso ilegal de este recurso.