La Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana (Ibero), llamó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a asumir su responsabilidad para que avance al amparo directo que interpuso con el fin de que se reconozcan las violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en aeropuertos, al impedir en muchos casos que personas necesitadas de asilo ingresen al país.

Luis Xavier Carrancá, abogado de la clínica, explicó que es necesario frenar la impunidad del comportamiento arbitrario de Migración y se repare a las víctimas de la forma en que se considere prudente, sea con una indemnización, por ejemplo, o con garantías de no repetición, e incluso con disculpas públicas.

Detalló que el amparo directo, para que se active un mecanismo de responsabilidad patrimonial, llegó a la SCJN, y si bien fue admitido y estaba en la ponencia del entonces ministro Luis María Aguilar, con su salida se turnó a Lenia Batres, quien “en un proyecto –que se revisará hoy– plantea que no se admita”, ya que a su entender no hay problemas de constitucionalidad reclamados en suficiencia.

El abogado expuso que el litigio empezó con el caso de un venezolano, quien en 2018 fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de haber expuesto al personal del INM que quería pedir refugio.

En lugar de tratarlo como solicitante de la condición de refugiado, lo que hicieron fue fabricarle un acta de rechazo, señaló.