yer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saboteó la última oportunidad para que el Poder Judicial ejerza su derecho a participar en la selección de perfiles idóneos de cara a los comicios en que los ciudadanos elegirán a jueces, magistrados y ministros del máximo tribunal. El alejamiento de la SCJN con respecto al proceso de democratización de esa rama del Estado inició desde el momento en que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma judicial hace un año, prosiguió con todo tipo de ataques y sabotajes al trabajo legislativo y llegó hasta el extremo de pretender revisar la constitucionalidad de la Carta Magna, un sinsentido que no se había registrado nunca en la historia del país.

Tras fracasar en ese asalto a la República, el bloque conservador de la Suprema Corte y sus cómplices diseminados en la Judicatura emprendieron una rabieta consistente en emitir y acatar sentencias que no sólo se hallan en obvio conflicto de intereses, sino que además resultan nulas de origen por contravenir la Constitución y a la jurisprudencia asentada por la propia SCJN. Como parte de esta farsa, el pasado 7 de enero, el comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió sus trabajos de selección de candidatos para la elección judicial del 1º de junio de este año, en acatamiento a dos amparos emitidos por jueces federales de Michoacán y Jalisco, a sabiendas de que dichos togados carecen de cualquier facultad para interferir en materia comicial. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les ordenó a los cinco miembros de dicho comité que reanudasen sus labores, éstos consultaron a la SCJN si debían obedecer a una instancia menor o al TEPJF, cuyos fallos son constitucionalmente definitivos e inatacables. El recurso de resolución de controversias presentado por Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo demuestra que todos ellos se sumaron al comité con la única intención de descarrilarlo y negar a los ciudadanos su derecho al voto, pues resulta en todo punto inverosímil que una persona con carrera judicial desconozca el absurdo de lo que plantean. Si acaso los integrantes del comité, los jueces que emitieron las suspensiones referidas y los ministros que los respaldan realmente creen tener alguna razón jurídica en su farsa, tendría que evaluarse su remoción por clara incompetencia.

Ante el vencimiento de los plazos para que el PJ presente a sus candidatos, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso a sus pares que el máximo tribunal instruya a la Escuela Federal de Formación Judicial como órgano especializado a realizar de inmediato el examen de conocimientos de los aspirantes, pero ninguno de sus pares secundó la moción. Como el berrinche de un puñado de funcionarios no puede frenar la celebración de las elecciones, corresponde al Senado insacular de entre los inscritos a quienes representarán al Poder Judicial en las boletas, un mecanismo que ciertamente no es el ideal, pero que habrá de adoptarse por la actuación antinstitucional de los ministros en rebeldía.

En suma, en su empecinamiento por anular la reforma judicial, los togados que representan a un régimen repudiado en las urnas, se lanzaron contra la Constitución, los poderes Legislativo y Ejecutivo y, de manera deplorable, contra una incontestable mayoría de la sociedad que clama por contar con jueces al servicio de la justicia y no de intereses facciosos construidos en torno a una codicia ilimitada. En su deseo de impedir el saneamiento de la Judicatura se han anulado a sí mismos, se pusieron al margen de uno de los procesos más relevantes en la vida democrática del país y, para colmo, vulneraron los derechos de aspirantes a jueces, ministros y magistrados.

Derrotado ese sector retardatario, las instituciones del Estado deben impulsar un proceso electoral transparente, limpio, democrático e intachable del que surjan las mejores personas para la delicada tarea de impartir justicia.