El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la pena de prisión vitalicia en el estado de México que se aplicaba desde 2019 a quien cometa homicidios por razón de odio y discriminación, al considerar que es una pena inusitada y contraria al derecho a la reinserción social.

Sin embargo, no logró los votos para echar abajo la misma pena en otros casos tipificados en el Código Penal de la entidad.

Durante sesión pública del pleno, por unanimidad de 10 votos, aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que declaró la invalidez del artículo 242, fracción quinta, del Código Penal mexiquense, impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En éste se castigaba hasta con prisión vitalicia el delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima.

Ésta es abiertamente contraria a la finalidad de la pena de prisión prevista en el artículo 18 constitucional, pues se traduce en la neutralización social del sentenciado, en tanto, al coincidir la sanción en una duración idéntica a la de su vida, se suprime por completo la posibilidad de reintegrarlo a la sociedad, argumentó el ponente.

En el debate, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió en que la pena de prisión vitalicia hace absolutamente nugatoria la reinserción social, criterio con el que la SCJN resolvió el 2 de diciembre de 2024, por unanimidad, la invalidez de la sanción de prisión vitalicia en Chihuahua.

En tanto, la ministra Yasmín Esquivel resaltó que el fallo no significa que no habrá sanción para los delitos de alto impacto respecto de los cuales está previsto, sino solamente que habrá de ajustarse la sanción a otras penalidades previstas en el mismo código, como es el caso concreto, oscilan entre 40 y 60 años de prisión.