Parras, Coah., En el corazón del semidesierto coahuilense un conflicto por el agua se mantiene entre los ejidatarios del municipio de Parras y la empresa vitivinícola Casa Madero, lo que ha derivado en denuncias de amenazas armadas y bloqueos que impiden el acceso al recurso hídrico, esencial para las comunidades campesinas.

Habitantes del ejido San Lorenzo señalaron que personal de seguridad de la compañía, encapuchado y portando armas largas, bloqueó recientemente el acceso a la acequia conocida como El Compartidero, infraestructura clave para el suministro de agua que, según un decreto presidencial de 1947, garantiza a labriegos de la región más de 50 litros por segundo para uso agrícola.

Los horticultores afirmaron que al intentar liberar el cauce, fueron intimidados con amenazas de uso de la fuerza. No es la primera vez que enfrentamos estas situaciones. Es un abuso constante. Cada vez que exigimos el agua que nos pertenece nos topamos con hombres armados y vallas que nos impiden pasar, declaró un labrador que pidió anonimato por temor a represalias.

La disputa tiene muchos años. En 1992, el Tribunal Agrario ratificó el derecho de los ejidatarios al agua; sin embargo, ellos denuncian que Casa Madero ha instalado desde 2021 cercas y alambres de púas, reduciendo el flujo a menos de 30 litros por segundo, lo que ha afectado de manera severa los cultivos de nogales, sustento principal de sus pueblos.

En agosto de 2024, los ejidos de San Francisco y Balbuena también reportaron incumplimientos en los horarios de distribución acordados.

La situación se agrava ante la sequía y la sobrexplotación del acuífero, dificultades que llevaron a la Comisión Nacional del Agua a prohibir nuevas perforaciones desde 2013. Pese a ello, los agricultores denuncian que la firma vitivinícola sigue explotando el recurso en detrimento de las poblaciones campesinas.

Los cultivadores intentaron ingresar a El Compartidero el lunes pasado, para limpiar la acequia y restablecer el flujo de agua hacia sus parcelas. Según testimonios, tras una discusión con personal de seguridad, los agricultores derribaron una cerca para acceder al área, lo que derivó en un nuevo episodio de tensión.

Los ejidatarios de Parral llamaron a instancias de derechos humanos y al gobierno federal a garantizar el cumplimiento del decreto presidencial mencionado, y detener lo que calificaron como abusos y prácticas intimidatorias.

Mientras tanto, la tierra sigue agrietándose y los nogales languidecen, testigos silenciosos de una disputa por el agua que pone en jaque la subsistencia de quienes dependen de ella.

La Jornada pidió la opinión de Casa Madero –considerada la vitivinícola más antigua de América– sobre el conflicto, pero no hubo respuesta.