Para proteger y apoyar la gestión del agua, Alicia Bárcena, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró ayer que se deben crear marcos jurídicos adecuados para ordenar más de 583 mil concesiones otorgadas a nivel nacional, sanear las cuencas contaminadas y desarrollar la tecnificación de los distritos de riego, entre otras acciones.

En el inicio del primero de los 13 foros Transformando el régimen del agua en México, la funcionaria dijo que es necesario emprender este tipo de medidas a partir de consensos democráticos, ya que sin ellas no podemos llevar adelante grandes tareas planteadas para este sexenio, como la restauración y saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.

Todo esto está orientado a una visión de país, a una visión transformadora en la que el agua deje de ser vista como mercancía y que podamos superar esa visión neoliberal del manejo de nuestros recursos naturales para pasar a una visión más humanista y participativa, reiteró ante representantes del Poder Legislativo, académicos, empresarios, usuarios agrícolas, organizaciones sociales, prestadores de servicios de agua y ciudadanos.

Entre los objetivos principales de los foros, resaltó, está consultar a los múltiples sectores de la población sobre las bases para crear una Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. Un tema muy importante es cuánto de agua realmente se va a poder obtener de vuelta mediante estos acuerdos políticos con los distritos de riego y el sector privado, apuntó.

Mencionó que durante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, al que asistió, se expusieron las necesidades de los marcos de gobernanza unificada, soluciones codificadas basadas en la modernización de la infraestructura e innovación tecnológica y marcos normativos actualizados encaminados en el ordenamiento en los permisos y trámites.

En tanto, Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional de Agua, organizador de los foros, destacó la importancia de un nuevo marco normativo para combatir el uso ilegal del recurso hídrico mediante el fortalecimiento de las autoridades, como en la revisión de transmisiones o cambios de uso y cuotas de garantía, a partir de la expedición de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Tras las firmas del Plan Nacional Hídrico y el Acuerdo Nacional de Bosques, Selvas y Manglares para vincularlo con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad, en noviembre pasado, apuntó que se han revisado hasta ahora más de 60 mil concesiones de 583 mil que existen.

Tras la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, durante el periodo neoliberal, se concesionó prácticamente todo el líquido del país a particulares, y de 1992 a 2003 el número de permisos pasó de 2 mil 600 a 360 mil.