De último momento, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró ayer su proyecto de declaratoria de inconstitucional de la Ley General de Comunicación Social, promulgada en mayo de 2018, que proponía invalidar la norma a partir del 30 de abril de este año.

En sesión del pleno, al iniciar la discusión del proyecto, el togado justificó que recibió un memorándum de la ministra Margarita Ríos Farjat sobre el tema que le generó muchas dudas, ante lo cual elaborará una nueva propuesta.

En este asunto recibí una atenta nota de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat invocando la posibilidad de tener como aplicable la declaratoria general de inconstitucionalidad 11/2022. El memorándum, muy amplio, de la ministra me generó muchas dudas y, por lo tanto, agradecería su autorización, la autorización del pleno, para poderlo retirar y presentar, en su caso, una nueva propuesta, expresó.

La Ley General de Comunicación Social fue creada para regular la propaganda gubernamental y establecer normas para el ejercicio del gasto en comunicación social por parte de los entes públicos. De acuerdo con el Congreso de la Unión, su objetivo es garantizar que la difusión de información oficial se realice bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal como establece el artículo 134 de la Constitución.

En septiembre de 2021, la primera sala del máximo tribunal del país concedió un amparo que declaró la inconstitucionali-dad de la norma, pues concluyó que no cumplía con la tarea encomendada por el artículo 134 de la Carta Magna, ya que no detallaba los criterios ni establecía procedimientos concretos para regular el gasto en comunicación social, lo que permitía una discrecionalidad que podía incidir negativamente en la libertad de expresión.

Con el fallo, la primera sala de la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión subsanar las deficiencias de la ley antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones de 2021, indicación que a la postre no fue acatada por los legisladores.