l menos desde el año pasado, un grupo de hombres que tienen en común estar acusados de violencia familiar y de género por sus ex parejas, ser adinerados y gozar de altas conexiones en el Poder Judicial, la política y los medios de comunicación, se organizó para presentarse como víctimas de extorsión por parte de las mujeres que denunciaron sus abusos y de la abogada que llevaba sus casos, Ana Katiria Suárez.

Sus acciones han rendido frutos con tanta celeridad que ya lograron poner temporalmente tras las rejas a María Fernanda Turrent, esposa de Édgar González Peredo, y obligar a salir del país a Suárez. La velocidad con que han prosperado las contrademandas contrasta con la exasperante lentitud con que agencias del Ministerio Público y tribunales procesan las quejas contra los agresores, incluso cuando –como sucedió en la denuncia de Turrent– existen pruebas abrumadoras e incontrovertibles del terror físico, sicológico y económico al que estos hombres sometieron a sus parejas y a sus hijos.

Como revela una investigación publicada ayer y hoy en este diario, existen fuertes indicios de que el cínicamente denominado colectivo nacional no más presos inocentes es un cártel conformado por hombres deseosos de amedrentar y escarmentar a quien intente llevarlos ante la justicia por sus conductas violentas, y de que su éxito responde al entusiasta apoyo que por lazos familiares, de amistad, de afinidad misógina o de corrupción les han prestado las instancias de procuración e impartición de justicia.

Resulta notoria la figura de González Peredo: además de sus propios negocios, su padre lleva los asuntos de uno de los grupos de medios más poderosos del país y contrató para su defensa al despacho del abogado José Luis Nassar Daw, hijo de Miguel Nassar Haro, criminal emblemático de la guerra sucia.

Aunque este tipo de redes de tráfico de influencias siempre ha existido, es inquietante que sus integrantes se sientan tan amparados por la judicatura como para salir a la luz y encabezar un movimiento de padres de familia en el que no se ruborizan de sumar a alguien que es confeso violador, torturador y asesino de su propia hija de siete años.

En este sentido, es alentador, pero insuficiente, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya ordenado la destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez, fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, la revisión del proceso contra María Fernanda Turrent y su no vinculación a proceso.

Poner al descubierto las irregularidades cometidas por este funcionario debe ser el inicio de una exhaustiva limpieza de los agentes del Ministerio Público, los cuales han protegido una y otra vez a violentadores, en ocasiones con saldo mortal cuando éstos pasan de los golpes al feminicidio. El mismo saneamiento debe tener lugar en el Poder Judicial, cuyas sentencias aberrantes han puesto en libertad o han dictado condenas irrisorias contra hombres probadamente violentos.

En un sentido más amplio, esta suerte de cártel de los machos es una advertencia sobre lo mucho que queda por hacer en la erradicación de dos de las mayores lacras sociales: la misoginia que impregna todos los ámbitos de la vida social, y la corrupción que permite convertir el poder económico en poder político. Asimismo, supone un recordatorio de que estos males se refuerzan mutuamente, pues el tráfico de influencias facilita la impunidad de los agresores y frena la lucha de las mujeres por un mundo libre de violencia en razón de género.