San Cristóbal de Las Casas, Chis., Como pueblos mesoamericanos, Chiapas, Guatemala y El Salvador no sólo comparten riqueza cultural heredada en mayor o menor medida por los mayas, sino que enfrentan la voracidad de las empresas mineras que los despojan de su patrimonio y les dejan destrucción ambiental, ríos contaminados y enfermedades con sus proyectos de muerte.

También tienen en común una historia de lucha y resistencia para frenar a las compañías mineras, muchas de Canadá, y defender sus recursos, a contrapelo de sus respectivos gobiernos que otorgan concesiones y violan muchas veces las normas ambientales o la consulta previa, libre e informada.

Con su resistencia, los pueblos han logrado, por ejemplo, que de 2023 a la fecha se hayan cancelado en Chiapas 66 permisos, aunque quedan vigentes 45.

En el vecino departamento de Huehuetenango, Guatemala, decenas de comunidades siguen en alerta para impedir que empresas extranjeras que cuentan con por lo menos 36 licencias, exploten oro, níquel, plata, zinc y otros metales, mientras en El Salvador se han encendido las alarmas porque la asamblea legislativa aprobó el 23 de diciembre la nueva ley minera, luego de que la anterior fue derogada en 2017.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), dijo que las 45 adjudicaciones mineras vigentes en Chiapas abarcan aproximadamente 50 mil hectáreas.

La agrupación, que tiene presencia en diferentes municipios del Soconusco y la costa de Chiapas, manifestó que muchas de las 66 cesiones canceladas serían explotadas, sobre todo en Pijijiapan y Acapetahua, con extensiones amplias, incluso en el mar.

Explicó que la suspensión fue principalmente porque las mineras incumplieron con los trámites, no pagaron impuestos ni dieron informes de su actividad.

Resultado de su lucha el frente ha logrado comprometer desde 2015 a algunos ayuntamientos de esas regiones para que no otorguen permisos a las empresas, como en Acacoyagua, cuyo cabildo declaró al municipio libre de minería.

Pero esa lucha contra la explotación minera le costó la vida al dirigente Mariano Abarca Roblero, asesinado a balazos en Chicomuselo en noviembre de 2009.

Del otro lado de la frontera, en Huehuetenango, decenas de comunidades siguen en alerta para impedir que éstas compañías reactiven actividades.

La explotación minera se ha frenado mediante las consultas comunitarias y la movilización, pero el riesgo está latente, porque las empresas usan diferentes estrategias para saquear nuestros recursos, dijo Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la coordinación general del Consejo del Pueblo Maya.

Añadió que de 2005 a la fecha, los pueblos, las comunidades de por lo menos 30 municipios de Huehuetenango y alrededor de más de cien de todo país han dicho no al extractivismo, mediante consultas, levantado sus actas con acuerdos, con el aval de los concejos municipales.

Estrategia perversa, criminalizar a comunidades

Entrevistado en Huehuetenango, señaló que la gente dijo no a la minería, pero está pendiente para impedir que se concreten esos proyectos de muerte, al tiempo de mencionar que en todo Guatemala existen más de 600 licencias para explotar minas. La criminalización ha sido una estrategia perversa del poder corporativo y del gobierno para desmontar y debilitar la lucha comunitaria.

En El Salvador, con la iglesia católica a la cabeza, se reinició la lucha y la resistencia para impedir que el presidente Nayib Bukele imponga la nueva ley minera aprobada el 23 de diciembre por iniciativa suya, por la mayoría de asambleistas de su partido Nuevas Ideas.

Durante reunión el pasado fin de semana, los 12 obispos de la Conferencia Episcopal de ese país, llamaron a la recolección de firmas y a jornadas de ayuno y oración para revertirla. No podemos mantenernos pasivos ante las secuelas dejadas por las prácticas mineras, que aún son padecidas por el pueblo y la naturaleza, dijeron.

En un documento difundido el sábado agregaron que es necesario prohibir la práctica de todo tipo de extracción minera que, sería un nuevo flagelo para la población.

El obispo de la diócesis de Chalatenango, Oswaldo Escobar, lamentó mucho la decisión del gobierno de derogar una ley de minería cuando en 2017 se había aprobado de que en El Salvador se iba a prohibir para siempre la minería por la densidad demográfica que tenemos y por el estrés hídrico.

En entrevista telefónica dijo que era un gran logro conseguido después de mucha presión social y ahora, de un momento para otro nos viene esta derogación que ya teníamos y que era incluso un ejemplo a nivel mundial de cómo El Salvador había prohibido el

Sostuvo que la decisión es lamentable y precipitada, sin estudios ni análisis de sus impactos. Es un gran retroceso para el medio ambiente y si se concreta, el país sería casi partido en dos porque, aparte de todas las repercusiones negativas que dejan los químicos que se utilizan, como la contaminación de todas las fuentes de agua, la mayoría de población salvadoreña está en contra de la explotación minera. Es un no rotundo.

Por separado, Zenaida Serrano, abogada y coordinadora del movimiento unificado Francisco Sánchez 1932-Mufras-32, sostuvo que ha sido un proceso de formación de ley abrupto, sin respetar el proceso de información. Desde 2017 existía la prohibición total de explotación minera en El Salvador.

Expresó también, vía telefónica, que la nueva ley impactará el agua de El Salvador y por ende la vida de la gente. Las zonas mineras serán afectadas dramáticamente porque la concentración de oro en el país está en micro partículas, por lo que tiene que ser minería a cielo abierto.

Resumió: La minería es para El Salvador, un asunto de vida o muerte. Es una irresponsabilidad cómo Bukele ha manejado el tema de las mineras al asegurar que existen billones de millones en dinero en oro y que es absurdo que teniendo el metal, no se saque.