El Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia tuvo lugar ayer en la basílica de Ocotlán, Tlaxcala, al cual acudieron 186 compañeras y compañeros, procedentes de 18 entidades federativas y 65 organizaciones de base comunitaria.

En un comunicado, los participantes en el acto informaron que en sus regiones de origen proliferan enfermedades crónicodegenerativas provocadas por nuestra exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, cuya acumulación en nuestros territorios ha sido provocada por tecnologías nocivas, concentración urbana y actividades extractivas.

Los activistas reunidos exigieron cesar definitivamente la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales (...) que se cancele el proyecto turísticodestructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, Puebla.

Solicitaron asimismo detener el ingreso de material radiactivo al municipio de Temascalapa, estado de México, que se prohíba la entrada a México, la comercialización y uso de insecticidas dañinos que matan a las abejas, y detener la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.

Además pidieron que el Congreso federal modifique la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) para establecer la figura de entidad federativa envenenada y el estado de Yucatán sea declarado como tal, por la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agroexportadoras y turísticas.

De igual modo, reclamaron el cierre de las granjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del Anillo de Cenotes, en Yucatán, donde sobreviven pueblos originarios en 53 municipios.

Expusieron que México, por la forma en que está subordinado económica, política y jurídicamente a las necesidades de abasto, comercio y despilfarro de Estados Unidos, ha debido aceptar múltiples formas de un envenenamiento sistemático que derivan de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y en todos los territorios del país.

Destacaron que esas sustancias y procesos contaminantes nos han privado del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, (...) a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados a aquellos.

A la reunión asistieron delegados de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata en la capital del país, así como de los estados de México y San Luis Potosí, de los Comités de Cuenca Río Sonora, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, municipios Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco; la comisaría de Santa María Chi y Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua Yucatán, lo mismo que de la Contraloría Autónoma del Agua Huasteca Potosina, entre otras organizaciones.