La Secretaría de las Mujeres ha atendido y dado seguimiento a alrededor de 40 casos de violencia vicaria, donde prevalecen procesos legales emprendidos por las ex parejas de las mujeres víctimas de las agresiones, expuso Citlalli Hernández Mora, titular de la dependencia.

La violencia vicaria se ejerce contra mujeres a través de sus hijas e hijos y el objetivo es causar daño y dolor en la madre. Algunas de sus manifestaciones son: amenazar con dañar a los infantes, sustraerlos o retenerlos, usarlos para obtener información de la madre o promover actos de agresión en su contra.

Entre estos casos, se encuentra el de María Fernanda Turrent Hernández, una madre veracruzana denunciada por su ex pareja y padre de sus hijos, Édgar G.P., por supuesta retención de menores, y a quien desde el 22 de enero encarcelaron en la Ciudad de México, tras acudir a una audiencia.

Para acompañar a las víctimas, Hernández Mora informó en entrevista con La Jornada, que crearán un protocolo con el fin de combatir, sin invadir las funciones del Poder Judicial, los vicios que prevalen en la impartición de justicia.

Hay distintas leyes que visibilizan la violencia vicaria y la sancionan, sin embargo es en la actuación de jueces de algunas fiscalías donde el proceso se vuelve tortuoso para las mujeres. Tenemos cantidad de casos a nivel nacional donde ellas terminan siendo perseguidas o les quitan la custodia de sus hijos, explicó.

Añadió que la evaluación de los casos evidencia que se requieren acciones que vayan más allá de una nueva reforma legislativa. Debemos detectar vicios que hay en los procesos judiciales y proponer un protocolo que permita resguardar el interés superior de las y los menores y los derechos de las mujeres frente a la violencia vicaria, sostuvo.

A pesar de que enero de 2024 se publicó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Violencia, que reconoce a la violencia vicaria como agresión de género, 22 estados la consideran delito y en 29 existe normativa al respecto, el problema persiste de múltiples formas.

Informó que la próxima semana se reunirá con Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para abordar el caso de Turrent. Es inaudito, dijo, que existan mujeres que hasta enfrentan dobles procesos. Por un lado, violencia familiar, vicaria o incluso sexual, y por el otro, el que interpone su presunto agresor, lo que en ocasiones implica cárcel para las víctimas.

Sensibilizar desde una perspectiva de género

Citlalli Hernández consideró que se debe abrir una mesa con los tribunales locales para revisarlos en el ejercicio más respetuoso posible, con base en las atribuciones de la secretaría y sin intervenir en el actuar de ningún poder.

La intención es emprender un diálogo respetuoso y sensibilizar, desde la perspectiva de género, porque existe un actuar sistemático en algunos de estos casos por parte del Poder Judicial, ya sea nivel local o federal, y lograr revertir el litigio contra la mujer, cuando el presunto agresor acusa retención de menores, concluyó.