resentando 25 puntos para la transformación del Issste (conferencia matutina del 14/01/2025), su director general, Martí Batres, anunció una reforma –en realidad contrarreforma– sólo para el seguro de salud que busca resolver financieramente los 24 puntos previos y, según la cual, los trabajadores de más altos ingresos asegurados por el instituto, quien más tiene, pues que ayude más. ¿Y cómo así?

Dijo: ¿cómo resolvemos mucho de lo planteado? Impulsando una reforma al seguro de salud para que las cuotas de los servidores públicos con más altos ingresos y las aportaciones de las entidades/dependencias se calculen sobre el salario integrado. Issste cuenta con poco más de 3 millones de afiliados activos: 9.7 por ciento (menos de 10) ganan más de 10 UMA y 90.3 por ciento menos de 10 UMA. A este 9.7 en lugar de que se les cobren las cuotas sobre el salario base, sería sobre el integrado. Para el 90 por ciento restante sería sobre el salario base. Pero el que aportará más será el gobierno. Tiene dos aportaciones a los seguros de salud: una de 7.375 por ciento y otra de 0.72 que actualmente se calcula para todos sobre el salario base. Pero para 9.7 por ciento de servidores públicos se calcularía sobre el salario integrado. Todos los servidores aportan 3.375 por ciento de su ingreso. 90 por ciento lo seguirá hacien-do del salario base y 9.7 sobre el salario integrado. Es una medida de progresividad: quien más tiene, ayuda más.

Lo anterior confirma que los recursos destinados al seguro de salud del Issste son y han sido insuficientes (más con la contrarreforma Calderón-Beltrones 2007) para brindar atención humana digna, oportuna y de calidad y que el gobierno federal carece de margen para incrementarlo justo donde se necesita con urgencia. Frente a lo cual Batres pretende exprimir de donde sea recursos, afectando a universitarios, maestros, médicos y ramas afines.

Esta contrarreforma-Batres representa un total desatino financiero que, en lugar de poner el acento –como corespondería a un gobierno progresista– en los bajísimos salarios (base) de cotización de todos los servidores, opta por el sencillo camino –absolutamente tecnocrático– para que paguen más –y proporcionalmente más– aquellos trabajadores (9.7 por ciento) con salarios de cotización más altos. Es decir, no sólo no mejora a nadie, sino que ¡a unos les quita! Además, segrega entre asegurados con más ingresos y otros con menos, tal y como ya ocurrió con el tibio ajuste AMLO –primer parche– al apartado A (2020), aunque López Obrador no les quitó ni un centavo, tampoco en el –segundo parche– Fondo de Pensiones para el Bienestar (2024).

El modelo financiero de los actuarios pioneros de la seguridad social mexicana enfatizó una tasa fija (porcentaje) sobre una base variable: el salario base de cotización con un límite superior, ya implicaba un sólido efecto redistributivo. En efecto, con una idéntica tasa de cotización obviamente llegan más recursos de quien cotiza con un salario base de cotización mayor. Éste solido efecto redistributivo queda enteramente sepultado por la contrarreforma Batres.

Inquietante resulta también que –pobremente asesorada por Batres– la presidenta Sheinbaum afirmara: salió en una conferencia que el salario de la Presidenta se compone de salario base y uno complementario; en el complementario no aportábamos al Issste. El objetivo ahora es que ese salario complementario aporte al Issste el porcentaje que tiene que ver exclusivamente con los servicios de salud. No impacta en todo lo demás que aportamos: Fovissste, pensión. Eso va a permitir que quienes ganamos más y somos trabajadores del Estado aportemos un porcentaje adicional de 2.7 por ciento para ayudar al Issste. Y el gobierno tiene que aportar 8.3 por ciento. Si se consiguen mil millones de pesos por esta aportación, el gobierno estaría aportando 6 mil millones adicionales que ya tenemos. Es una propuesta integral.

Frente a ella, para no segregar a los servidores públicos, la solución alternativa consiste en incrementar progresivamente el salario base de cotización del Issste, aumentando su límite superior de 10 a 15 veces la UMA, tal y como establece el modelo financiero de los actuarios pioneros de la seguridad social mexicana, además de abrir a debate las tasas de contribución de todos: trabajadores, dependencias/entidades y gobierno federal para ese seguro de salud.

Es claro que, frente a la contrarreforma Batres, un proceso masivo de amparos mostraría que lo anunciado implicaría una suerte de doble tributación que tendría que cristalizar en una reforma legal. Ella rompería principios constitucionales sobre la equidad tributaria, dado que se implantaría un régimen especial de contribuciones discriminatorio, inequitativo e inconstitucional en el que las bases de aportación de los trabajadores serían diferentes y sin compensación en las prestaciones recibidas. ¿Cómo sustentar constitucionalmente que trabajadores de más altos ingresos aporten sobre bases diferentes a las del resto?

Y todo esto sin seguir atender el problema de fondo. Los recursos que requiere el Issste no están ahí. La última palabra la tiene el patrón de los servidores públicos: el gobierno federal.

* UAM-X