Ante la prohibición de la venta de cigarros electrónicos, vaporizadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos, la cigarrera British American Tobacco (BAT) México anunció la suspensión de la comercialización de estos productos en territorio mexicano.

Luego de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el decreto que restringe la producción, comercialización y distribución de vapeadores, la firma señaló que cumplirá con las nuevas disposiciones, “a pesar de no estar a favor con la medida impuesta por la autoridad.

La empresa sigue convencida de que los vapeadores y cigarros electrónicos certificados representan una alternativa significativamente menos dañina en comparación con los cigarros tradicionales, indicó la firma en un comunicado.

Alertó que con esta prohibición se corre el riesgo de estimular el desarrollo del mercado ilegal de vapeadores y cigarros electrónicos de dudosa procedencia y mala calidad, venta sin restricciones a menores de edad y millones de pesos que no se recaudarán por esta actividad ilícita.

BAT México reitera su firme compromiso en la búsqueda de regulaciones claras y expresa su confianza en que esta prohibición sea temporal, señaló la compañía que genera 2 mil 300 empleos a lo largo de la cadena productiva tabacalera.

La firma fabricante de productos de tabaco argumentó que, según evidencia científica y experiencia en diferentes países como Reino Unido y Suecia, estos dispositivos que ahora no son permitidos, son parte de políticas públicas diseñadas para reducir el tabaquismo.

La empresa también dijo confiar en que las leyes secundarias contemplen una regulación balanceada o la posibilidad de poder ofrecer de forma legal este tipo de productos para que los adultos consumidores de nicotina tengan alternativas menos dañinas para su salud.

De acuerdo con los cambios a los artículos 4 y 5 de la Constitución, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.

Las modificaciones entraron en vigor el 18 de enero pasado.