Santiago. El gobierno centroizquierdista chileno alcanzó un acuerdo con senadores derechistas para introducir cambios en el régimen de pensiones de capitalización individual, los cuales si bien no alteran su esencia, sí abren la posibilidad de iniciar un seguro social provisional de solidaridad intergeneracional a cargo del Estado, algo hasta ahora imposible por la resistencia de la derecha a tocar la piedra angular del neoliberalismo instalado en el país.

La reforma, imperiosa ante las jubilaciones paupérrimas que pagan las administradoras de fondos de pensiones (AFP) –en promedio de 160 dólares mensuales, inferiores a la mínima garantizada por el fisco de 230–, está estancada hace más de una década, en parte por la incapacidad de la política de consensuar, pero esencialmente por la resistencia de las AFP, a cargo de 250 mil millones de dólares ahorrados, que les facilita controlar el mercado de capitales y con ganancias de 9 mil millones de dólares en cuatro décadas.

El ajuste acordado por la administración de Gabriel Boric permite que las AFP prevalezcan –pese a su promesa de eliminarlas–, pero creará condiciones para el ingreso de nuevas condiciones, por ejemplo, licitando cada dos años la cartera de clientes, lo cual facilitaría abaratar las comisiones que cobran y ajustarlas según el rendimiento de los fondos.

El meollo de la propuesta –pendiente de aprobarse en el Senado y desde marzo en la Cámara de Diputados– radica en crear un aporte con cargo al empleador de 7 por ciento del salario, sumándose a la cotización de 10 por ciento que hace el trabajador.

A ese 17 por ciento se agregará un 1.5 por ciento del Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS), también aportación patronal.

Del 8.5 por ciento global proveniente del empleador, 4.5 por ciento iría directamente a las cuentas de capitalización individual, 2.5 por ciento al SIS y el restante 1.5 por ciento será un Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida como préstamo al Estado para iniciar un seguro social, cuya misión será igualar las pensiones de mujeres y hombres: hoy las de ellas son hasta 60 por ciento inferiores.

Ese aporte diferido será integrado a la pensión del trabajador a cuyo nombre se hayan efectuado las cotizaciones una vez que éste se pensione, incrementado con intereses y reajustes.

Después de 43 años, los empleadores van a contribuir, 43 años en que sólo los trabajadores han tenido que cargar con la mochila de la cotización previsional, lo cual no ocurre en los demás países, ocurría aquí y ha costado mucho lograrlo, destacó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que estamos llegando a un sistema efectivamente mixto en materia de financiamiento, donde los aportes van a quedar estructurados prácticamente en tres tercios. Según Hacienda, se beneficiarán 2.8 millones de adultos mayores cuyas pensiones se incrementarán entre 14 y 35 por ciento.