ras meses de estancamiento por la intransigencia israelí, ayer se anunció que Tel Aviv y Hamas alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en la franja de Gaza. Si todo sale conforme a lo pactado, el proceso tendrá una primera fase de 42 días en la que cesarán los bombardeos y ataques indiscriminados contra la población palestina, Hamas liberará a 33 rehenes israelíes con prioridad en mujeres (tanto civiles como militares), niños y adultos de más de 50 años de edad, mientras Israel soltará a 30 personas secuestradas a cambio de cada rehén civil y a 50 por cada mujer de sus fuerzas armadas. En la segunda fase, también de 42 días, se declararía una calma sostenible en la que Hamas pondría en libertad al resto de los rehenes en permuta por un número no negociado de rehenes palestinos y se daría el retiro total de las tropas israelíes de la franja. En la tercera y última fase, cuya duración permanece indeterminada, se intercambiarían restos mortales, se aplicaría un plan de reconstrucción en Gaza y se permitiría la reapertura de los cruces fronterizos, actualmente cerrados por Israel a fin de convertir al enclave en el mayor campo de concentración y exterminio del mundo.

Es entendible la respuesta jubilosa de los gazatíes, quienes por primera vez en más de 450 días acarician la posibilidad de entablar una conversación, de caminar entre los escombros y de irse a dormir sin el terror de que un misil los aniquile a ellos o a sus familias. Sin embargo, la tregua está muy lejos de significar la paz, no sólo porque el plazo de 84 días para poner en marcha la reconstrucción es inadmisible cuando la práctica totalidad de los 2.4 millones de habitantes ha perdido su hogar, su fuente de empleo, su centro educativo y todo lo que humaniza la vida, sino también porque no existe paz sin justicia, y ésta seguirá negada en tanto permanezca en el gobierno de Israel el grupo racista, integrista y apologista de la limpieza étnica encabezada por Benjamin Netanyahu. Tampoco se puede hablar de paz sin libertad, condición vedada a la nación palestina por el bloqueo israelí-estadunidense a la solución de dos estados, acorde con resoluciones de la ONU y respaldada por la gran mayoría de la comunidad internacional. La ausencia de cualquier medida para frenar el delirante armamentismo de Israel e impedir la reanudación del genocidio significa que, en los hechos, el alto el fuego está sujeto al capricho o a las conveniencias políticas de la camarilla ultraderechista enquistada en Tel Aviv.

Por añadidura, para lograr una paz duradera es imperativo terminar con todas las formas de violencia ejercidas por Occidente contra el pueblo palestino, incluida la violencia del lenguaje que llama terroristas a quienes defienden sus hogares de la maquinaria de aniquilación sionista, prisioneros a los miles de rehenes palestinos secuestrados indefinidamente por Tel Aviv, y autodefensa a la imposición de un régimen colonial que no envidia nada en agresividad y racismo a los antiguos imperios español, británico, francés, ni al empresario más sanguinario de la historia, Leopoldo II de Bélgica, o a los autores del apartheid sudafricano. Sobre todo, es una bofetada a la humanidad llamar guerra al genocidio: no puede hablarse de guerra cuando un país ha sido arrasado por las bombas, los tanques y los buldóceres mientras el otro sale intacto de 15 meses de operaciones bélicas; no hay guerra cuando no existen dos ejércitos, sino uno solo que extermina de modo sistemático a un grupo humano y concentra su saña en mujeres y niños desarmados y famélicos. Llamar guerra a lo que ha ocurrido es una muestra de ceguera moral y decadencia civilizatoria.

Rechazar la confusión verbal es tan indispensable como garantizar la no repetición, y ello pasa por adoptar todas las medidas necesarias para que comparezcan ante la justicia todos los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, comenzando por Netanyahu, quien ya es requerido por la Corte Penal Internacional. Si la comunidad internacional no cumple su obligación moral de aislar diplomáticamente a Israel y obligarlo a respetar lineamientos básicos de derechos humanos, devolver las tierras palestinas, sirias y libanesas ocupadas ilegalmente y reparar el daño a las víctimas, incurrirá nada menos que en la normalización del peor genocidio en lo que va del siglo XXI.