Ante el poco tiempo disponible para la organizar la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) optó por preservar para su personal de campo las mismas alertas frente a posibles riesgos de inseguridad pública y por recontratar a los capacitadores con experiencia.

Respecto al primer punto, la estrategia incluye la posibilidad de que capacitadores y supervisores (encargados de buscar y preparar a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla) cambien de ruta cuando estén frente a uno o varios problemas contenidos en el catálogo.

Esto incluye secciones electorales en zonas de alta inseguridad pública: pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas, indica el documento aprobado ayer en la Junta General Ejecutiva.

El año pasado hubo 14 mil secciones electorales de atención especial, con algún tipo de foco rojo vinculado a temas sociales y de inseguridad.

En cuanto a las recontrataciones, esta decisión molestó a quienes temen que en lugar de ser un proceso de selección abierto se privilegie el amiguismo.

Un aspirante envió una carta a este diario en la cual relata que aunque todavía no se conoce la fecha del examen (primer paso en esta selección) ya se está llamando a entrevista a algunos allegados que se perfilan desde ahora a supervisores (el puesto con mayor sueldo en esta tarea). Me pregunto si es una farsa el procedimiento, escribió Ramón García.

El INE respondió que entre los acuerdos se incluyó la recontratación de quienes participaron en el proceso del año pasado bajo la premisa de recuperar su experiencia y conocimiento. No obstante, añadió, se ha informado a los contactados que su antecedente no garantiza la nueva contratación.

A pregunta expresa de La Jornada, el INE explicó que la convocatoria fue emitida para ampliar la lista de reserva, en especial porque el año anterior hubo distritos con déficit de solicitantes.

El examen representa 60 por ciento de los puntos y la entrevista, 40 por ciento, a partir de la cual se seleccionará a quienes integrarán la plantilla y la lista de reserva, indicó.

El recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados orilló al INE a reducir el número de este personal (CAE) de 50 mil 613 a 21 mil 690 y, por tanto, cambiar casillas tradicionales por centros de votación seccionales.

Mientras el INE no reciba los 800 millones prometidos por el gobierno federal como ampliación presupuestal, hasta ayer seguía vigente la proyección de instalar 73 mil 850 casillas en lugar de 172 mil.

El más reciente corte del INE muestra que durante el fin de semana pasado se tenía el registro de 22 mil 113 aspirantes a CAE y supervisores, aptos para hacer el examen, de los que se presentaron 17 mil 315, es decir, 78 por ciento.

Cada CAE tendría –según la previsión actual– la responsabilidad de coordinar la preparación de funcionarios (ciudadanos nacidos en febrero y mayo) de cuatro centros de votación, hasta de 4 mil cada uno, contra las cuatro casillas simples, de 750 electores cada una, que tenían en la elección de 2024.