El gobierno federal anunció ayer que buscará reformar la Ley del Issste para fortalecer al organismo, mejorar los servicios de salud, vivienda y seguridad social, y luchar contra la corrupción.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia de prensa diaria que los cambios incluyen que las aportaciones al Issste de los servidores públicos mejor pagados, que representan a 9.7 por ciento de los trabajadores del Estado, se calculen a partir de su salario integrado, pero sólo para servicios de salud.

Esto permitirá que quienes ganamos más aportemos un porcentaje adicional de 2.7 por ciento, mientras el gobierno contribuirá con 8.3 por ciento, explicó en Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo estimó que estas medidas generarán alrededor de mil millones de pesos adicionales al organismo, mientras el gobierno federal aportará otros 6 mil millones. Es una propuesta integral para garantizar un sistema de salud digno y sostenible para los trabajadores del Estado, señaló.

El proyecto de cambio, que tiene como antecedente los trabajos encabezados por la hoy secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se dividen en 15 puntos que abarcan la modernización de servicios, la ampliación de derechos y el combate a las irregularidades detectadas, entre las que está el pago de pensiones por montos superiores a los que permite la ley.

En el ámbito de la salud, el director del Issste, Martí Batres, destacó medidas de atención centrada en los derechohabientes, la ampliación de servicios como hematología y laboratorios sanitarios, así como la reducción de tiempos de espera y abastecimiento de medicamentos.

También se contemplan mejoras salariales y de personal. De acuerdo con el diagnóstico, el personal médico y de enfermería del Issste es el peor pagado del sector público de salud, por lo que se propone homologar sus salarios, además de aumentar la plantilla de especialistas.

En cuanto a vivienda, Batres enfatizó la prioridad de atender a los trabajadores con menores ingresos. Además, destacó un esquema para condonar deudas de crédito hipotecario y promover acuerdos para regularizar créditos de personas que dejaron de ser derechohabientes.

Las autoridades destacaron que se han identificado alrededor de 8 mil pensiones que superan el límite máximo permitido por la ley. El límite máximo es de alrededor de 39 mil pesos mensuales; sin embargo, hemos encontrado casos que van desde los 140 mil hasta los 279 mil pesos. Esto es una violación directa a la legislación, dijo Batres.

Mostró una tabla de 10 casos, seis de los cuales corresponden a pensiones autorizadas por el Judicial.