i de saquear recursos públicos se trata, la historia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) da puntual cuenta (como en el caso del IMSS y tantas otras instituciones del Estado mexicano) de la existencia de un barril sin fondo del que no pocos funcionarios, políticos y empresarios del régimen descaradamente se han servido desde su fundación en 1959, y donde se apriete, y no es necesario aplicar mucha presión, sale pus a borbotones.

El proceso de desazolve de la corrupción en el Issste comenzó desde el inicio del gobierno de López Obrador, pero la limpieza lejos está de completarse. Ejemplo de ello es lo que ayer reveló su nuevo director, Martí Batres: pensiones de cuento de hadas para unos pocos, permitidas y autorizadas por los distintos jerarcas de esta institución, y en no pocos casos avaladas por los siempre justos y equilibrados integrantes del Poder Judicial.

En la mañanera de ayer, Martí Batres reveló –sin aportar los nombres de los beneficiarios– las 10 pensiones más elevadas –totalmente fuera de ley– que, al menos desde 1989, paga el Issste a un grupo de ex funcionarios y docentes, que incluyen plazas que van desde un director general adjunto (309 mil pesos mensuales desde mayo de 2002, con Benjamín González Roaro al frente de la institución) hasta un comisario B del Instituto Mexicano del Café (105 mil pesos al mes, a partir de 1993; es decir, el mismo año de su extinción en el gobierno salinista; ese año, Emilio Lozoya Thalman –padre de Emilio Lozoya Austin– y Gonzalo Martínez Corbalá estuvieron al frente de la seguridad social de los trabajadores del Estado), sin olvidar los poco más de 210 mil pesos que cada 30 días puntualmente recibe una maestra de jardín de niños (autorizada por la dirección general, entonces ocupada por la impresentable Socorro Díaz Palacios). Y lo descrito apenas es una muestra del barril sin fondo.

Batres detalló que dichas pensiones no sólo son un asunto de inequidad, sino de abierta violación de la ley, y se trata de las pensiones que se han detectado, lo que implica que es la punta del iceberg. Para las pensiones que otorga el Issste, el límite máximo es de 10 unidades de medida y actualización (UMA, igual a 113.14 pesos diarios, alrededor de 34 mil al mes) y si se observa hay pensiones de 309 mil pesos, 267 mil, 210 mil, 179 mil, 172 mil, 147 mil, 139 mil. De ellas, siete son superiores al ingreso de la Presidenta de México.

Y, nada raro, en seis de los 10 casos develados el Poder Judicial metió la mano para legalizar el atraco. En lo cuatro restantes fue la propia dirección del Issste la que, sin más, desde 1989 autorizó la paga sin problema alguno para los beneficiarios, aunque sí para las de por sí saqueadas finanzas de la institución. Entonces, hay que revisar las pensiones que superan el máximo legal para ajustar o cancelar.

En el inventario de beneficiarios aparecen, además de los casos citados, un secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (poco más de 267 mil pesos mensuales); un visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (172 mil y pico cada 30 días); un profesor titular C (145 mil); alguien de la enseñanza de secundaria técnica (casi 140 mil); un presidente de la Junta Especial (113 mil); un inspector general de sector jardín de niños (111 mil) y otro, sin descripción de plaza (179 mil).

Para las finanzas del Issste, sólo esas 10 pensiones ilegales implican una erogación mensual de un millón 754 mil 397 pesos, más de 21 millones anuales o 126 millones por sexenio.

En 1989, año de la primera pensión dorada detectada, el director general del ISSSTE era el citado Lozoya Thalman (1988-1993). Según los tiempos marcados por Martí, ocuparon esa posición: Gonzalo Martínez Corbalá (1993-1994); Manuel Aguilera Gómez (1994-1997), José Antonio González Fernández (1997-1998), Díaz Palacios (1998-2000), González Roaro (2000-2006), Enrique Moreno Cueto (2006), Miguel Ángel Yunes Linares (2006-2010), Jesús Villalobos López (2010-2011), Sergio Hidalgo Monroy Portillo (2011-2012), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (2012-2015), Luis Antonio Godina Herrera (2015) y José Reyes Baeza Terrazas (2015-2018). Hay más, desde luego, pero con este último cierra el registro de las 10 pensiones doradas.

Y lo que falta, porque, dice Batres, se han detectado 8 mil pensiones que pudieran estar por arriba de lo que marca la ley.

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