yer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán avalaron el reconocimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la existencia del paro de labores en juzgados y tribunales en protesta contra la reforma judicial. Con esta decisión, el máximo tribunal tendió un manto de impunidad absoluta a trabajadores de confianza, jueces y magistrados que participaron en la suspensión ilegal de labores que duró casi tres meses, entre septiembre y octubre del año pasado. En ese periodo, se causó al erario un quebranto económico de 12 mil 650 millones de pesos, se denegó el derecho al acceso a la justicia y se dañó material, emocional y moralmente a quienes dirimían asuntos en los tribunales.

Entre otras leyes y reglamentos violados por los paristas con la complicidad del bloque conservador de la Suprema Corte se encuentran el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que establece el derecho fundamental de todas las personas a la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes), el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo) e incluso la jurisprudencia 118/2016 de la segunda sala de la SCJN (en la que se acuerda que los titulares del máximo órgano impartidor de justicia, como las y los ministros, no pueden suspender la prestación del servicio público que les ha encomendado la Carta Magna).

Un día antes, los mencionados –con la excepción de González Alcántara Carrancá– validaron el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) que suspendió sus trabajos de selección de candidatos para la elección judicial del 1º de junio de este año, en acatamiento a dos amparos emitidos por jueces federales de Michoacán y Jalisco. Estos fallos son una aberración jurídica por todos los flancos, pues los miembros del máximo tribunal, los jueces y cualquier ciudadano con un mínimo conocimiento legal saben que los amparos no pueden concederse en materia electoral, ámbito al que la propia SCJN reconoció que pertenece lo referente a los comicios judiciales. Asimismo, las suspensiones de los tribunales michoacano y jalisciense –como todas las expedidas contra la reforma judicial– son nulas de origen por contravenir a la Constitución y a sentencias de la Suprema Corte y, para colmo, el citado Comité de Evaluación carece de atribuciones para detener la organización de las elecciones.

Con estas sentencias, los ministros de derecha han ratificado ante la sociedad su desprecio por las leyes y han confirmado por enésima vez que, en su actual configuración, el Poder Judicial está dominado por una mafia consagrada a defender los privilegios y la arbitrariedad de sus integrantes. Además de representar abiertas ofensas a la Constitución; estos actos resultan políticamente estériles e incluso contraproducentes, por lo que sólo se les puede caracterizar como un berrinche de una facción que se niega a dejar que la República prosiga el camino que se ha dado democráticamente. En tanto, los comités de evaluación para la selección de candidatos a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo continuarán sus labores como marcan las reglas; la pataleta de la SCJN implica que el Poder Judicial no presentará ningún aspirante a los cargos en juego y que, por lo tanto, su renovación será más completa de lo contemplado por la reforma promulgada en septiembre pasado. Si bien la limpieza de la Judicatura es un dato positivo, ello no borra el hecho de que el máximo tribunal está negando a quienes se inscribieron ante su Comité de Evaluación el derecho a ser votados, y a millones de ciudadanos el derecho a votarlos, si ganan su preferencia. Este despropósito se añade a la interminable serie de aberraciones que empañan históricamente al PJ y que ha crecido de modo exponencial desde que lo encabeza Norma Piña.

Ante el cúmulo de afrentas de los togados a la vida republicana, sólo cabe congratularse porque los actuales titulares del Poder Judicial se encuentran a unos meses de ser relevados, así como confiar en que el pueblo, en uso de su soberanía, sabrá elegir a personas más dignas de la alta responsabilidad de proteger la Constitución y hacer valer las leyes.