Mientras la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, recriminó que jueces promuevan el discurso de que los ciudadanos que sean funcionarios de casilla en la elección del Poder Judicial también podrían enfrentar consecuencias penales y multas, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) insistió en que la autoridad electoral pone en vulnerabilidad jurídica a los pobladores al no cumplir con las suspensiones otorgadas relacionadas con el proceso extraordinario 2025 para diversos cargos.

Es una narrativa perversa; es el colmo de lo absurdo que los funcionarios de casilla corran algún riesgo legal, es falso totalmente, aseveró Taddei Zavala a pregunta expresa sobre lo que señaló la semana pasada la directora de la agrupación, Juana Fuentes.

Ayer, en conferencia de prensa al término de la sesión extraordinaria del Consejo General, la presidenta del INE criticó que los jueces quieran infundir temor entre la ciudadanía, pues expresar amenazas de que no pueden participar como funcionarios de casilla es extremadamente perverso. Es como pensar que todos los que van a votar el 1º de junio van a ser sancionados. Es el colmo del absurdo, aseveró tajante tras señalar que no se debe caer en esos engaños porque es totalmente inviable.

Por separado, la Jufed hizo un llamado a Taddei y al INE para que cumplan con las suspensiones y se ajusten a su obligación constitucional. Subrayamos que nuestra preocupación ha sido y seguirá siendo proteger a la ciudadanía. Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho.

Respondió que calificar como perversa su postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de sus funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Reiteramos que nuestra única finalidad es asegurar que las instituciones del Estado, incluyendo al INE, actúen con pleno apego a los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen nuestra democracia.

Sostuvo que la Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura perversa, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.

Recordó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. Más aún, la Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia.