Madrid. España planea aumentar los impuestos sobre el alquiler vacacional para que los propietarios paguen como un negocio, dijo ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras los residentes de las principales ciudades del país lidian con el alza de las rentas.

No es justo que quienes tienen tres, cuatro o cinco pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras, agregó Sánchez en un acto sobre vivienda asequible celebrado en Madrid.

La medida se basaría en una nueva directiva de la Unión Europea (UE) sobre el impuesto al valor añadido (IVA) para las plataformas digitales, dijo. Los hoteles españoles pagan ahora un IVA reducido de 10 por ciento, que se incluye en el proyecto de ley.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de España, que lucha por encontrar un equilibrio entre promover el turismo, uno de los principales motores de su economía, y la preocupación por los elevados alquileres debidos a la gentrificación y al cambio de los propietarios a alquileres turísticos más lucrativos y a corto plazo, especialmente en zonas urbanas y costeras.

Sánchez también prometió medidas más duras para combatir el fraude con este tipo de alquileres, sin entrar en detalles. El mes pasado las autoridades abrieron una investigación a Airbnb por no eliminar de su plataforma miles de ofertas de alquiler engañosas.

Además, los propietarios de viviendas en zonas de rentas altas que mantengan sus alquileres en línea con un índice oficial de precios obtendrán una exención de 100 por ciento del impuesto sobre esos ingresos.

Enfoque social

El mandatario agregó que el gobierno promoverá la construcción de viviendas sociales y cederá 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a una agencia de vivienda pública de nueva creación.

El año pasado, el Banco de España recomendó a las autoridades que intervinieran en el mercado del alquiler, ya que la elevada proporción –en comparación con otros países de la UE– de hogares que no se dan abasto para pagar sus rentas podría provocar efectos económicos y sociales adversos.