as últimas semanas los reporteros de La Jornada mostraron con datos muy precisos los graves problemas que enfrenta el sector rural de México. Refieren la drástica reducción de las cosechas de productos básicos, como el maíz, el arroz, el frijol y el trigo. También el predominio de empresas agroexportadoras de capital externo en ciertos cultivos.

A lo anterior sumaron la explotación laboral que padecen millones de jornaleros en las regiones agrícolas de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California, por ejemplo. Los más explotados son los llamados golondrinos, por ir de una entidad a otra con su familia en las épocas en que se requiere su mano de obra.

Fue en noviembre de 1966 cuando la prensa nacional se ocupó de la existencia de los jornaleros agrícolas. Lo hizo tomando como información un documento que junto con Ifigenia Martínez y Rodolfo Stavenhagen presentamos en un seminario sobre desarrollo agrícola realizado ese mes en Guadalajara. En él señalamos que la inmensa mayoría de los jornaleros eran hijos de ejidatarios que recibieron una parcela durante el gran reparto de tierras efectuado por el presidente Lázaro Cárdenas. Pero ya en 1960 no tenían trabajo al lado de sus padres en ejidos y comunidades. Y por eso migraban y laboraban en condiciones muy precarias en las siembras que requerían mano de obra durante cierta etapa.

En dicho documento llamamos al sector público a brindar protección a esa mano de obra. Como respuesta, muchas promesas durante 10 sexenios gubernamentales para garantizarles salario adecuado y seguridad social, en especial en el rubro de la salud. Como muestran los reporteros de La Jornada, es todavía el sector más explotado y menos protegido por el sistema público de salud. Y en el colmo: expuestos a los agroquímicos, causantes de enfermedades graves, como el cáncer.

Por su parte, Arturo Cano nos describió el daño ambiental y social que padecen ciertas regiones vía la deforestación para sembrar aguacate. El caso más notable, Michoacán. Allí cientos de miles de familias padecen los efectos de eliminar las fábricas naturales de agua y humedad a fin de establecer huertos de un producto con gran demanda en el exterior. Y en cuanto a los jornaleros, son explotados y expuestos a los agroquímicos prohibidos ­internacionalmente.

Cano detalla la presencia del crimen organizado en toda la región y cómo la destrucción de los bosques a fin de establecer las huertas de aguacate ha sido posible por la complicidad de las instancias oficiales. Y también por el apoyo de las empresas que en México y Estados Unidos controlan el mercado de dicho producto.

El miércoles pasado, La Jornada publicó la entrevista que Alma E. Muñoz y Rolando Medrano hicieron a don Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). El funcionario afirma que existe una realidad intolerable en el sector rural: 6 millones en pobreza extrema. Que se logró reducir su número gracias a los programas asistenciales del sexenio anterior. Sin negar que existen problemas en ese sector, don Julio opina que no son tantos como para hablar de una crisis. Demos por buena su opinión de que no la hay. Pero el motivo fundamental para que la población rural no esté peor son las multimillonarias remesas en dólares que nuestros compatriotas envían a sus familias desde Estados Unidos y Canadá. Suman más que todo el apoyo oficial al sector agrícola y a los campesinos.

Hoy la realidad muestra que los pequeños y medianos productores carecieron de los apoyos indispensables en la pasada administración. Y por eso en la actual con diversos programas se busca aumentar la producción agropecuaria y, sobre todo, mejorar radicalmente la calidad de vida de la población rural. Y en lugar preferente, la de los jornaleros. Una tarea en la que, además de la Sader, se requiere la participación de otras dependencias: la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Salud y la del Trabajo, por ejemplo.

Agrego otro factor muy relevante: de cumplir el presidente Donald Trump su amenaza de expulsar a millones de migrantes de Estados Unidos, una parte sustancial llegará a México y buscará empleo en el campo y la ciudad.

Los programas anunciados por el gobierno para la agricultura y los habitantes rurales serán insuficientes. Y la crisis en el campo, más grave.