Uruapan, Mich., Los mismos aguacateros, los grandotes, fueron los culpables, ellos trajeron a los malosos, me dijo, hace casi 10 años y frente a una taza de café que bebimos con la maravillosa vista del Parque Nacional de la Barranca del Cupatizio, un pequeño productor de aguacate.

Imposible olvidar esa escena cuando un ambientalista michoacano pone este dato en la misma mesa: Las autoridades han encontrado Furadan en el río Cupatitzio. Tal es el nombre comercial del carbofurano, uno de los agroquímicos más tóxicos, cancerígeno, que está prohibido en Canadá y la Unión Europea y se usa para el control de plagas de insectos.

Generoso, el informante de hace una década condensó la historia: los productores de aguacate sufrían robos en sus huertas. Un día, a mediados de 2000, recibieron la oferta y la aceptaron: en un tris, tras algunos asesinatos de rateros de poca monta, los robos se terminaron.

Así fue como La familia michoacana se instaló en la franja aguacatera. El grupo delincuencial que más tarde se transformaría en Los Caballeros Templarios se hizo del territorio, porque lo suyo era la extorsión a largo plazo y el control de todas las esferas de la vida social.

Desde que Los Templarios fueron derrotados, gracias a una alianza del gobierno de Enrique Peña Nieto –operada por el zar Alfredo Castillo– con otros mafiosos que aprovecharon el auténtico hartazgo social, en Michoacán se dio una suerte de balcanización delincuencial.

En estos tiempos, cuando un funcionario del gobierno estatal va de un municipio a otro, especialmente en la Tierra Caliente, tiene que evaluar si el cruce es franco o si tiene que solicitar la venia de quienes mandan apenas cruzando límites muy visibles por los retenes que muchas veces controlan las mismísimas policías municipales.

Cuando arrancó el calderonato, el grupo encabezado por Nazario Moreno (El Chayo) y el profesor Servando Gómez (La Tuta) controlaba todo.

En 2010, cuando Felipe Calderón presumió la primera muerte de El Chayo, La familia controlaba extensas zonas de la entidad e incluso llevaba a cabo asambleas en las que pasaba la charola a los aguacateros con mayores extensiones, para financiar su guerra contra Los Zetas (La Jornada, “La familia, cártel al que le gustan las asambleas”, 18/12/2010).

No había manera de evadir la cuota, porque los delincuentes contaban con los padrones de productores y sabían exactamente cuántas hectáreas poseía cada uno. Para todos ustedes que están aquí, la cooperación es voluntaria. Los que no vinieron van a pagar cuota, decía el mejor de sus oradores, La Tuta.

No es algo muy distinto de un testimonio reciente sobre lo que pasa en Morelia con las extorsiones a vendedores de automóviles: No te hagas, sabemos cuántos tienes en la bodega de la esquina, dijeron a un comerciante que quiso ocultar el tamaño de su negocio.

En ese escenario y dado el peso del aguacate en la economía local, según refiere Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad Pública estatal, una de sus tareas fundamentales es el acompañamiento a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es una colaboración permanente.

Cuando sólo se mira el bosque, la gente desaparece

La riqueza aguacatera está repartida entre un puñado de productores que poseen de 200 a miles de hectáreas (apenas 23 familias, según una fuente) y 31 mil que tienen extensiones inferiores a cinco hectáreas. De esa última cifra, 8 mil poseen sólo una hectárea.

Sí, es parte del problema. Los grandes tienen la relación con los gobiernos federal y estatal, y con la embajada de Estados Unidos, pero las decisiones que toman afectan a un gran número de productores e incluso a comunidades indígenas que también han tumbado pinos para plantar aguacates.

Algunas investigaciones sostienen que la expansión aguacatera ha enriquecido a un puñado y propiciado el surgimiento de una clase media –pequeños y medianos productores–, pero que esa riqueza no ha favorecido a las decenas de miles que participan en el corte y el empaque de la fruta.

Desde Estados Unidos y Europa, distintos organismos han emitido sendos informes sobre el aguacate mexicano, centrados regularmente en Michoacán, pues esta entidad aporta casi tres cuartas partes de la producción nacional.

Y centrados, claro, en la destrucción de los bosques. Hacen énfasis, como debe ser, en el clima adverso para los defensores del ambiente, pero apenas mencionan en unas cuantas líneas –cuando lo hacen– las condiciones de vida de las comunidades o la explotación laboral.

Se mira el aguacate desde el bosque, y desde el bosque los árboles ocultan a la gente, me dice un experto ambientalista, obviamente convencido de que deben verse las dos caras del fenómeno, la ambiental y la social.

Se impone la pregunta: ¿cómo avanzar hacia una solución que vaya poniendo freno a la deforestación –y abra la puerta a la reforestación– y al mismo tiempo garantizar los ingresos ya no de los 23 apellidos que tienen miles de hectáreas, sino de los de miles de pequeños productores, incluyendo comunidades indígenas, que tienen huertas de menos de cinco hectáreas y que tienen en el aguacate su principal ingreso?

Un terreno de dos por uno

Te puedes ganar la rifa de un terreno de dos por uno. Con esa frase tétrica, dicha con suavidad, son extorsionados pequeños y medianos productores de aguacate.

El dueño de una pequeña huerta en el municipio de Uruapan lo dice como quien enlista los costos de producción: Pues pagamos, qué otra nos queda. Saben todo, dónde vives, cuántos hijos tienes, cuándo cosechas.

Estampas como éstas alimentan la idea de que la expansión aguacatera es un negocio que sufre los embates de los extorsionadores cuando, en realidad, el boom de este cultivo ha ido muchas veces de la mano de la presencia criminal: “…La idea de que el crimen se expande únicamente en detrimento del sector privado es, en parte, engañosa… (puesto que) las conexiones entre las autoridades públicas, las élites locales y los grupos violentos son especialmente fuertes a nivel local, y fundamentales para la expansión del mercado”, se lee en el informe Violento y próspero, citado ayer en estas páginas, que recomienda a la Unión Europea incluir al aguacate en el tratado comercial con México, con reglas muy claras que contribuyan a combatir la destrucción de los bosques.

Adiós a la mantequilla de los pobres

Se pregunta a un residente en el norte del estado de Nueva York cuánto cuestan los aguacates en su ciudad. Se venden por pieza, según el tamaño y la época, de .90 a 1.90 dólares. La persona manda unas fotos. Según el tamaño, se puede inferir que un kilogramo de este fruto cuesta unos 250 pesos allá, cerca de la frontera con Canadá.

En las huertas, los intermediarios adquieren el kilo del aguacate más grande a 70 pesos, que suele ser para exportación. En México se comercializan por lo general frutas de menor tamaño.

Aun así, la otrora mantequilla de los pobres se ha vuelto inalcanzable para personas de escasos recursos. Incluso en Michoacán, el principal productor nacional, en distintas fechas de 2024 el aguacate llegó a rebasar 100 pesos por kilogramo en tianguis y supermercados.

Una isla en medio de los plantíos

Feliciano Rangel es un aguacatero singular. Tiene una pequeña huerta cerca de Uruapan. No tumbó pinos porque ya había duraznos y tampoco sembró en la barranca que es parte de su propiedad.

Menea la cabeza cuando mira los aguacates de sus vecinos en la barranca: No se fijan que nos estamos quedando sin nada, estamos acabando con el medio ambiente.

Rangel posee otro terreno, de puros pinos, y dice que en su pueblo lo ven mal porque ha decidido conservarlo. Su pequeño bosque de pinos es una isla en medio del aguacatal.