La Comisión Permanente del Congresos de la Unión formuló ayer la declaratoria de la reforma constitucional que prohíbe la producción, comercialización y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Esa reforma a los artículos cuarto y quinto de la Carta Magna, que además sanciona toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, fue turnada al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, después de pasar por ambas cámaras del Congreso de la Unión y del aval de 22 legislaturas locales.

Es una de las 17 reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2024, y por el Senado, el 11 de ese mismo mes.

Debate entre las fuerzas políticas

El presidente en turno de la Comisión Permanente, el senador Gerardo Fernández Noroña, formuló la declaratoria de constitucionalidad y se inició después un debate entre las fuerzas políticas.

La diputada del PVEM Ana Erika Santana expuso que no se puede ignorar que hoy día el mundo enfrenta una crisis de salud pública que exige acciones inmediatas y determinantes, especialmente en lo relacionado con la creciente amenaza del consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo y su impacto devastador a nivel internacional.

El fentanilo, resaltó, es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. Originalmente utilizado como anestésico y analgésico en contextos clínicos, ha emergido como una de las principales causas de muertes por sobredosis a nivel global. Sólo en 2022 más de 107 mil personas perdieron la vida en el mundo por esa droga.

La letalidad del opioide

Una sola dosis de 2 miligramos de fentanilo, agregó, puede llegar a ser mortal; además está ampliamente disponible en mercados ilícitos, pues a menudo se presenta en píldoras de medicamentos recetados, lo que lleva a muchos jóvenes a consumirla sin conocer sus riesgos reales y, por si fuera poco, las redes sociales han exacerbado el problema, facilitando el acceso a estas drogas por parte de adolescentes vulnerables.

A su vez, la diputada del PRI Laura Ivonne Ruiz recalcó que su bancada celebra esa reforma, remitida al DOF para su publicación, pero formuló también un llamado al gobierno federal para que el trabajo no se quede aquí. La ley sólo funciona cuando las autoridades la ejecutan.