La fiscalización del proceso para la elección de 881 cargos del Poder Judicial sufrió un recorte de 40 millones 920 mil pesos, equivalente a 44.5 por ciento del presupuesto que había contemplado el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante ello, el órgano electoral tendrá que buscar alternativas para vigilar que los más de 5 mil candidatos a juzgadores no incurran en violaciones a la ley electoral, ya que no contarán con recursos para hacer campaña.

De acuerdo con el ajuste aprobado por el Consejo General, el instituto se vio forzado a quitar este monto, quedándose con un presupuesto de 50 millones 112 mil pesos para vigilar y supervisar los gastos que se efectúen antes del primero de junio de este año, día de la jornada electoral de ministros, magistrados y jueces.

En una primera partida, la Unidad de Fiscalización tuvo que quitar 14 millones 480 mil pesos a un presupuesto de 36 millones 963 mil que contemplaba el anteproyecto, equivalente a 39 por ciento menos. En una segunda partida, la reducción pasó de 15 millones 689 mil pesos a 12 millones 420 mil, lo que representó una disminución de 3 millones 269 mil pesos.

En una tercera partida de la misma Unidad de Fiscalización del instituto se determinó quitar 23 millones 171 mil pesos a un monto de 38 millones 379 mil pesos que habían establecido en el anteproyecto, quedando con un presupuesto de 15 millones 208 mil pesos, equivalente a una reducción de 60 por ciento.

Originalmente, el INE había proyectado gastar 91 millones 33 mil pesos en la fiscalización del proceso electoral del Poder Judicial, pero sólo contará con 50 millones 112 mil pesos para garantizar que los candidatos no utilicen dinero que fue prohibido en la reforma al Poder Judicial, ya que no podrán destinar recursos a actividades de campaña como lo hacen aspirantes a diputados, senadores o a la Presidencia de la República.

Aunado a esta disminución de recursos en la fiscalización de la elección judicial, dicha unidad del INE tendrá cero pesos para el desarrollo, administración e infraestructura del Sistema Integral de Monitoreo de Actividades de Campo, por lo que no habrá recursos para que su personal vigile las acciones de los candidatos a jueces.

Debido a los ajustes, el instituto también tendrá que buscar economías para sustanciar y resolver procedimientos sancionadores en materia de fiscalización relacionados con el proceso electoral del Poder Judicial, ya que en este aspecto sufrió una merma de 10 millones 377 mil pesos, quedando sólo con un monto de 29 millones 768 mil pesos de los 40 millones 146 mil que había proyectado en su propuesta inicial.