La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que los ciudadanos que decidan participar de funcionarios de casillas en la elección de jueces, magistrados y ministros podrían ser acreedores a sanciones penales y administrativas por no acatar las suspensiones y amparos otorgados contra la reforma judicial.

Las suspensiones judiciales otorgadas contra esta reforma han sido desestimadas o ignoradas, lo que constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico. Esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) en todos sus niveles. Pero incluso, en su desacato, la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables.

Recordó que el INE admitió públicamente los graves desafíos logísticos que enfrenta, debido al recorte presupuestal de 52 por ciento impuesto por el Congreso de la Unión, ajuste que forzó a reducir el número de casillas a 43 por ciento de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable.

Declaró que lo anterior compromete directamente la calidad del proceso electoral y abre la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de sufragios para los distintos puestos a ser sujetos de elección, además de que no existe precedente en el marco comicial para este tipo de procesos y su impugnación.

Señaló que la complejidad del modelo de votación que contempla seis boletas con hasta 60 candidatos por cargo confundirá al electorado y promoverá un sufragio superficial y mal informado.

Consejeros electorales del propio INE han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con menos de 10 por ciento del padrón votante. Esto evidencia que el proceso carece del respaldo social necesario y que no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino un intento de concentrar el poder político.