Los recientes cambios a la carta magna, entre ellos la denominada reforma de supremacía constitucional, han servido de escudos a otras reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación (4T) para evitar que sufran el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre noviembre y diciembre pasados los ministros de la Corte aplicaron los criterios de las enmiendas constitucionales del 15 de septiembre y 31 de octubre de 2024 para resolver recursos contra al menos cuatro reformas impulsadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador: extinción de fideicomisos, ley minera, ley eléctrica y la reforma judicial.

El 12 de noviembre pasado el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se basó en los cam-bios a los artículos 105 y 107 constitucionales para sobreseer y desechar siete controversias contra lareforma al Poder Judicial de la Fede-ración (PJF) del 15 de septiembre.

Dichas impugnaciones fueron promovidas por autoridades locales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluido el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, días antes de concluir su administración.

Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, citó el artículo 105.

El 1º de diciembre, la primera sala de la Corte aplicó de nuevo el criterio de supremacía para marcar la pauta a tribunales y juzgados a fin de que se mantenga la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), ordenada en una reforma de 2023.

El 4 de diciembre la segunda sala de la Corte acató la reforma constitucional al artículo 27, promulgada el 31 de octubre pasado, que reconoció que el Estado tiene la exclusividad en la explotación del litio y de minerales radioactivos, al haber sido declarados de utilidad pública.

Con ello, dejó sin revisión un amparo interpuesto por una minera que opera en Chihuahua que impugnó el decreto de reforma a la Ley Minera del 20 de abril de 2022.

Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2024, la segunda sala también comenzó a rechazar en cascada recursos contra la reforma al Poder Judicial, con el argumento de reconocer la supremacía constitucional que se reafirmó en las enmiendas a la carta magna promulgadas el 15 septiembre y el 31 de octubre pasados.

Tan sólo en la sesión del 4 de diciembre bateó 13 recursos que interpusieron magistrados de tribunales colegiados contra la reforma al Poder Judicial, entre los que se demandó la omisión de autoridades por no atender las suspensiones que otorgaron jueces contra la aplicación de la enmienda constitucional.