Ante la reducción del presupuesto que tuvo el Instituto Nacional Electoral (INE), su Consejo General determinó armonizar recursos a fin de dar prioridad a las actividades para la organización de las elecciones del Poder Judicial y otros proyectos institucionales que son indispensables.

De ese modo, acordó que este año se posponen las innovaciones que habían propuesto en sistemas de información y renovación de infraestructura tecnológica, por lo que no se podrá avanzar en el tema de la credencial digital ni en la urna electrónica, como lo tenían previsto, ya que sólo había dos elecciones locales.

Además, el INE decidió posponer la renovación del parque vehicular de unidades longevas, así como reducir uso de papelería de oficina, combustible, viáticos, pasajes y gastos de alimentación.

No obstante, el acuerdo aprobado la madrugada del 31 de diciembre muestra que entre las unidades que menos reducciones sufrieron en el ajuste presupuestal fueron la presidencia, así como las consejerías, mientras las juntas distritales sufrirán un recorte superior a 5.7 por ciento, equivalente a más de 84 millones de pesos.

El INE diseñó esta armonización para evitar impactos negativos con el fin de asegurar la operatividad de las Juntas Locales y Distritales, así como de las oficinas centrales, señala el documento de esa sesión extraordinaria del Consejo General.

Con base en el ajuste presupuestal, la presidencia del instituto mantendrá un total de 62 millones 497 mil 468 pesos, sólo 345 mil 749 pesos menos de lo proyectado, lo que representa 0.55 por ciento inferior, mientras para las consejerías electorales el presupuesto suma 240 millones 780 mil 746 pesos, sólo 1.1 por ciento menos de lo programado, equivalente a 2 millones 691 mil pesos.

En contraste, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores sufrió una reducción de 10.6 por ciento de lo proyectado, por lo que contará con un presupuesto de 201 millones 937 mil 859 pesos, al quitarle 2 millones 114 mil pesos.

Lo mismo ocurrió con la dirección ejecutiva de administración, la cual tuvo una reducción de 22 por ciento, lo que significa casi medio millón de pesos menos, al quedarse con un presupuesto de un millón 515 mil pesos.

El instituto detalla que la disminución presupuestal exigió un análisis integral, por lo que se identificaron áreas críticas para la operación y hacer una redistribución prioritaria. Para este cálculo, los impactos se clasificaron en tres niveles: alto (cuando se imposibilita el cumplimiento de una función), medio (cuando el trabajo se cumple dentro de una modalidad distinta) y bajo (cuando sólo hay afectaciones instrumentales).

Este enfoque permite priorizar recursos y esfuerzos hacia las áreas con mayor efecto operativo, señala el acuerdo.