Oaxaca, Oax., Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) informaron que el próximo 6 de enero se realizará una audiencia en el juzgado 13, en la que pretenden cambiar la medida cautelar de prisión preventiva de dos policías estatales acusados del homicidio de seis personas durante el fallido operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, para que puedan seguir su proceso en libertad.

Acusaron que este cambio representa un grave riesgo para las víctimas indirectas que llevan el proceso contra los uniformados, por lo que exigen que se les niegue la figura.

En conferencia, Sergio Miguel Luna Cruz, padre de Óscar Luna Aguilar, asesinado en ese acontecimiento, señaló que desde que se efectuó el fallido desalojo solicitado por el gobernador en ese momento, Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), un velo de corrupción ha cubierto el caso, en el que funcionarios de los gobiernos de los entonces mandatarios Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), han protegido a toda costa a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esta localidad de la región de la Mixteca oaxaqueña.

Explicó que este caso no es la excepción, pues se busca liberar a Juan Peralta Alavés y Carlos Guerrero Romero, agentes estatales responsables de los homicidios y actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 13 de Mengolí, en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Esto es indignante, dijo.

Jueces alientan impunidad

Añadió que durante más de ocho años, los jueces del Poder Judicial se han dedicado a proteger a los responsables de la masacre, en la que fue asesinado su hijo, las instituciones del Estado mexicano han propiciado que la justicia no llegue para las víctimas. Hemos señalado a los jueces del Poder Judicial fede-ral, quienes han alentado la impunidad y favorecido de manera evidente a los mandos policiacos que actualmente se encuentran procesados por el caso Nochixtlán, precisó.

Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, detalló que de las seis personas procesadas, tres están bajo prisión domiciliaria, uno lleva su proceso en libertad y dos en prisión preventiva, y son éstos a quienes se pretende liberar, pero además un mando más no fue vinculado a proceso pese a que había pruebas contundentes.

Apuntó que esto refleja la corrupción y proteccionismo del Estado mexicano en contra de los pueblos y en beneficio de los corruptos; incluso recordó que una de las demandas centrales de las víctimas indirectas ha sido que se investigue a la cadena de mando, pues fueron los jefes policiacos quienes dieron las órdenes a los agentes para disparar con sus armas.

En este sentido, demandaron que no se cambie la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Peralta Alavés y Carlos Guerrero Romero, pues además de que estos podrían fugarse, su libertad también supone una amenaza para el bienestar de las víctimas indirectas.