En el periodo de sesiones que comienza en febrero, el Senado deberá trabajar de manera intensa para tener listas las leyes secundarias de 12 de las 16 reformas constitucionales aprobadas en los meses pasados, a fin de que puedan llevarse a la práctica esas modificaciones a la Carta Magna en temas torales.

Por lo que toca a la reforma judicial, la primera y la más controvertida, aprobada en septiembre del año pasado, en el inicio de la actual legislatura, las cuatro leyes reglamentarias necesarias fueron dictaminadas y están ya en vigor.

Entre éstas se encuentran la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) a fin de incluir la votación para integrar el Poder Judicial.

Se modificaron también y fueron promulgadas las normas reglamentarias a la reforma constitucional sobre igualdad sustantiva. En cuanto a los cambios a la Carta Magna en materia de vivienda, el Senado ya aprobó la nueva Ley del Infonavit, que falta aún de pasar en la Cámara de Diputados.

Respecto de los cambios a los artículos 103, 105 y 107 de la Carta Magna, que establecen la supremacía constitucional y la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas que se hagan a este documento, iniciativa propuesta por los presidentes, así como por los titulares de las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados, se consideró innecesario emitir una reglamentación.

En tanto, sí se consideró necesario crear leyes reglamentarias que permitan aterrizar los cambios a la Carta Magna referentes a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y los que dejan en la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional y asignan a ésta nuevas facultades.

Los plazos

El Congreso cuenta con 180 días a partir de la promulgación de estas reformas, así como para crear el andamiaje legal en torno a los cambios constitucionales referentes a protección animal, transporte ferroviario, fentanilo, vapeadores, prisión preventiva oficiosa y rectoría del Estado en petróleo y electricidad.

Por lo que se refiere a la también controvertida reforma constitucional que eliminó los órganos autónomos (la llamada simplificación orgánica), el Senado y la Cámara de Diputados deberán trabajar de prisa, ya que tienen un plazo de 90 días para armonizar los cambios en general.

Sin embargo, en lo referente a las funciones que desempeñaban la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las leyes secundarias deben estar listas a la brevedad, debido a que los transitorios de la reforma señalan que las nuevas disposiciones en materia de competencia, libre concurrencia, telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, entrarán en vigor 180 días después de la publicación de las leyes respectivas en el Diario Oficial de la Federación.

El Senado debe además resolver qué hará con la reforma que lleva a la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que desde el 24 de septiembre de 2024 le remitió la Cámara de Diputados, pero quedó congelada debido a observaciones de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto presupuestal que implica.