La Fiscalía General de la República (FGR), de la Defensa Nacional y autoridades del estado de Guerrero apelaron en contra de la sentencia de amparo que ordena sancionar a integrantes del gobierno federal y estatal partícipes de actos violatorios de derechos humanos durante la llamada guerra sucia en Guerrero, en la región de Atoyac de Álvarez y otros municipios, donde el expediente del caso se tuvo entre 1971 y 1974 un estimado de 400 desaparecidos.

Los recursos de apelación se turnaron a un tribunal colegiado por decisión de la Suprema Corte.

Ya se han realizado algunas diligencias de búsqueda para localizar a Rosendo Radilla Pacheco, entre ellas una inspección en el Campo Militar número 1, durante el periodo del 23 al 27 de septiembre de este año.

El caso de Rosendo Radilla Pacheco se ha convertido en un caso emblemático para la justicia mexicana, ya que a partir de la lucha que durante más de 40 años ha impulsado su hija para que se conozca el paradero de su padre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano y parte de ella se realizó en la reforma en materia de derechos humanos.

Radilla Pacheco era líder social del municipio de Atoyac, y realizaba diversas obras sociales, y desempeñó funciones públicas en ese municipio, señaló su hija Tita Radilla en la denuncia de amparo con la cual el juzgado noveno de distrito en materia penal con sede en Guanajuato determinó que los funcionarios, militares y ex agentes federales que participaron en la guerra sucia y que sobreviven deben ser juzgados, y ordenó otras medidas como la creación de sitios de memoria para la no repetición de hechos como los vividos en aquella época.

En la versión pública del juicio de amparo contra el que ahora se han presentado recursos de apelación, se menciona que Tita Radilla señaló que integrantes del Ejército y otros grupos paramilitares realizaron acciones “en contra de las comunidades indefensas, y ahí fue cuando hubo cientos de personas detenidas, torturadas, ejecutadas, mujeres violadas, y gente desplazada de los pueblos pequeños a los pueblos grandes.

“Menciona que en la época para tener un mayor control de la población, cada familia tenía una tarjeta y cada miembro debía pedir permiso para salir a donde fuera y la gente bajaba de la sierra a Atoyac por alimentos porque los pueblos estaban sitiados. Los campesinos de lo que obtenían, únicamente podían quedarse con lo que los militares decidían, porque éstos les quitaban ‘excedentes’ para que no fueran a proveer con dichos insumos a los guerrilleros” de Lucio Cabañas Barrientos.

Refiere el documento judicial, que en 1974 los militares le dijeron a la población de Río Chiquito que se salieran del pueblo, pues iban a bombardear los cerros. La población salió y los militares ocuparon el lugar y se adueñaron del maíz, el arroz, café, ganado de los habitantes de dicha comunidad. Por lo que la población tuvo que bajar a los otros pueblos, perdiendo sus pertenencias.

Aunque se han promovido recursos de apelación contra la sentencia, en el juzgado se publicó que de acuerdo con los oficios suscritos por el Ministerio Público adscrito al equipo especial de investigación y litigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR, se entregó constancia de una inspección ministerial en el Campo Militar Uno en la Ciudad de México, del 23 al 27 de septiembre del presente año, como parte de las acciones de búsqueda para localizar los restos de Rosendo Radilla.