A prácticamente cinco meses de la elección judicial en México, la primera de su tipo no sólo en el país sino en el mundo, en la que votarán por 881 cargos, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó enfocarse en los ciudadanos residentes en el país y únicamente hacer excepciones con las personas discapacitadas, en estado de postración y sus acompañantes; a estos últimos se les llevará a domicilio las boletas, en la única jornada de votación anticipada prevista frente a los comicios judiciales del 1º de junio.

En esta ocasión, para la elección de ministros, magistrados y jueces no votarán los mexicanos residentes en el extranjero y tampoco las personas en prisión preventiva, pese a que han sido experiencias exitosas en procesos anteriores, primero como pruebas piloto y luego como mecanismos institucionalizados.

Tan sólo para el proceso vinculado con la contienda del pasado 2 de junio se registraron 223 mil 970 residentes en el exterior, de los que votaron 82.3 por ciento, es decir, 20 puntos más que la participación ciudadana nacional. Eligieron Presidencia de la República y senadurías.

Al respecto, el más reciente informe del Instituto, del periodo 1º de septiembre al 30 de noviembre pasado, muestra que este voto es un trabajo coordinado entre distintas áreas del INE que no se limita a la recepción de boletas por tres vías (postal, Internet y presencial en línea en los principales consulados de México), sino que es también un camino para mantener el contacto con los connacionales a través de un registro especial y la expedición de cre-dencial para votar con fotografía.

La mayoría opta por la vía electrónica, pero continúa una tradición para ir al sitio físico, aun cuando voten por medio de una computadora.

Sin embargo, esto es también un avance no sólo para la vinculación con el país, garantizar los derechos político-electorales de quienes residen en el exterior y como punto positivo hacia el sufragio electrónico, de acuerdo con los reportes del INE.

Lo mismo ocurre con el sufragio para personas en prisión preventiva, de quienes no han sido sentenciados.

Para el 2 de junio, en votación anticipada, es decir, días antes de la jornada nacional, se recibió el sufragio de 30 mil 947 electores en esa condición, internos, en conjunto, en 214 centros penitenciarios; ahí casi todos los inscritos pudieron hacerlo; los pocos que no participaron fue porque obtuvieron su libertad o cambiaron de estatus jurídico.

Algunos consejeros señalaron que la ley no ofrece detalles para esos alcances, de los tipos de votación anticipada, en particular –concluyen– porque el voto es para elegir a los representantes de la jurisdicción de residencia, lo cual bajo ese parámetro no aplicaría para determinar por el sufragio popular a los juzgadores si se reside en otro país, con un sistema judicial distinto, mientras que otros adujeron que no hay tiempo ni presupuesto suficiente para la preparación de elecciones diferenciadas.

Así, sólo tendrán ese derecho las personas con discapacidad, imposibilitadas para ir a votar, y cuidadoras primarias; en esa condición participaron en la contienda del 2 de junio algo más de 4 mil en todo el país.