El año entrante, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá uno de los retos más grandes –desde su constitución en 2014– al organizar la primera votación judicial en México y, por su dimensión, única en su tipo a escala mundial.

Al mismo tiempo, procesará las solicitudes para la constitución de nuevos partidos políticos a escala nacional y, además, vigilará la operación de los organismos comiciales estatales.

En esta coyuntura anual deberá coordinar las elecciones municipales en Durango y Veracruz, que se harán el mismo día que la judicial, el domingo primero de julio de 2025.

Todo lo anterior será en una carrera contra el tiempo y con el presupuesto más reducido para el árbitro nacional, con una bolsa general disponible de escasos 20 mil millones de pesos, en números redondos, para su operación ordinaria y extraordinaria, al tiempo de abrir los procesos locales de 2026.

El primer asunto se desprende de la reforma constitucional al Poder Judicial que determinó que la elección de personas juzgadoras la debe organizar el INE y contar los votos.

Si bien este proceso electoral extraordinario dio inicio el 16 de septiembre y casi de inmediato se dieron algunos pasos básicos como determinar que los partidos políticos no tendrán injerencia –y se creó la comisión temporal a cargo de esta cita con las urnas –, los trabajos del INE fueron suspendidos dos meses, mientras corrían litigios de los opositores a la reforma.

Hasta que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia declararon que es constitucionalmente inviable suspender los comicios, el INE pudo retomar los preparativos, por lo que ahora va a toda prisa y, por si fuera poco, en medio de divisiones internas.

Una de las responsabilidades más grandes del INE será la producción de materiales electorales incluida la impresión de más de 600 millones de boletas y estas, junto con actas y otros documentos, deberán estar en los consejos distritales a más tardar el 15 de mayo entrante.

Como se ha difundido, por voto popular serán elegidos –del ámbito nacional– ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, con base en los circuitos judiciales, magistrados y jueces, así como magistrados de sala superior del Tribunal Electoral, estos últimos con base en circunscripciones electorales.

En cuanto al eventual registro de nuevos partidos, el INE debe enviar representantes a cada una de las 20 asambleas estatales (o 200 distritales) de quienes buscan ese objetivo, a fin de verificar que al menos participen 3 mil afiliados por entidad y, sobre todo, que no intervengan entes prohibidos por la ley.

Asimismo, revisar la documentación y credenciales de elector de cada uno de los asistentes. La dimensión de este trabajo es enorme, si se considera que en el proceso anterior, en 2019, un total de 106 organizaciones notificaron al INE su intención de participar y 89 pasaron el primer filtro.

Al final, siete acreditaron requisitos y tres consiguieron el registro, aunque lo perdieron en la primera prueba.