En medio de un proceso comicial federal, 2024 fue un año de una fuerte crisis interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A un año del golpe de Estado que dieron tres de los cinco magistrados de la sala superior para forzar la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia, la división no se ha disuelto y se estima que se romperá hasta que lleguen los dos magistrados que faltan y serán elegidos en junio de 2025.

Hace poco más de un año, la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata unieron fuerzas para destronar a Rodríguez, quien se vio obligado a concluir su mandato el 31 de diciembre de 2023.

Posicionamientos encontrados

El cambio en la presidencia también dio un giro a las votaciones del pleno, mostrando a lo largo de estos 12 meses una división recurrente entre el bloque de los tres (Soto y los Felipes) contra la magistrada Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes al formar el bloque minoritario tuvieron que soportar constantes rechazos a sus proyectos de sentencia, así como a no tener eco en ciertos posicionamientos.

Ejemplo de ello, fue el rechazo de la magistrada presidenta Mónica Soto al cuadernillo del registro de sentencias de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral que hiciera el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual propuso la magistrada Janine Otálora y fue secundado por Rodríguez.

Soto Fregoso sugirió que en lugar de un cuadernillo de estas sentencias se hiciera un catálogo de todas las sentencias vinculadas a la violación de estos principios por parte de todos los servidores públicos, lo cual fue avalado por los Felipes, con lo que sepultaron la propuesta de Otálora, quien había señalado que ese cuadernillo sería una herramienta para la discusión de los asuntos que surgieran después de la jornada electoral y considerarlos para la declaratoria de validez de los comicios presidenciales.

Algo similar, ocurrió con la impugnación que hicieron líderes nacionales del PRI, cuando el actual presidente del partido, Alejandro Moreno, convocó a una asamblea y luego a un consejo nacional, donde avalaron cambios a los estatutos de este partido, entre los que se aprobó la relección de la dirigencia nacional.

Un primer proyecto de sentencia a cargo de Rodríguez proponía darle un plazo de 10 días a la comisión de justicia partidaria para que atendiera esta controversia y otro proyecto, también a su cargo, señalaba que no podían hacer modificaciones a los estatutos en pleno proceso electoral. Sin embargo, ambos asuntos se discutieron en sesiones privadas de la sala superior y no fueron secundados por el bloque mayoritario, por lo que no prosperaron.

El pasado 3 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial no sólo validó que los cambios a los estatutos del PRI se hicieran en medio del proceso electoral, sino que también resolvió que éstos eran legales y no había nada en la Constitución que prohibiera la relección de su dirigente nacional Alejandro Alito Moreno.

El pleno de la sala superior rechazó, por mayoría de tres votos (Soto, Fuentes y De la Mata), el proyecto de la magistrada Janine Otálora Malassis que proponía invalidar las modificaciones a los documentos básicos del RevolucionarioInstitucional.

Pero la resolución no se quedó ahí; además, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes, se resolvió asumir plena jurisdicción como máxima instancia electoral para analizar el fondo de las reformas en vez de regresar el asunto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que éste hiciera un estudio sobre la legalidad de éstas.

De ese modo, el pleno revocó la resolución del INE que señalaba que el PRI incurrió en una ilegalidad al hacer modificaciones a sus estatutos en pleno proceso comicial.

Si bien en un órgano colegiado como el tribunal electoral es normal que existan diferencias jurídicas, lo cierto es que la actual conformación del pleno de la sala superior demostró a lo largo de este 2024 que éstas van más allá de lo que dictan las leyes relativas a las votaciones y han demostrado choques políticos por encima de lo que dictan las normas.