n apoyo de las jornaleras agrícolas y las mujeres de la maquila, la presidenta Sheinbaum anunció los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el objetivo no sólo de erradicar el carácter mercantilista de la atención, cuidado y seguridad de los niños (la infancia como uno de tantos negocios privados armados por el neoliberalismo, mediante la subrogación), sino de recuperar y garantizar ese derecho que debe ofrecer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las madres trabajadoras.

La mandataria lo anunció así: “No son las guarderías del pasado, y tampoco –que se oiga bien– las estancias infantiles de Calderón; eso ya no, porque aquello era puro negocio, era creer que se estaba dando un derecho a las mujeres, cuando en realidad estaba envuelto en negocio, como fue todo el periodo neoliberal. Vamos a iniciar aquí en Ciudad Juárez… Estamos recuperando la capacidad del Seguro Social para brindar este derecho; lo estamos haciendo para las derechohabientes del IMSS en este nuevo modelo, que no es subrogado, no es que el instituto se lo dé a un privado para que atienda a los niños y niñas, sino que van a ser trabajadores y trabajadoras del instituto quienes den este apoyo; vamos a hacer los CECI para aquellos que no sean derechohabientes y que también puedan tener este derecho gratuito… y los vamos a llevar a todo el país”.

Sin duda, es de suma importancia reivindicar y garantizar ese derecho, pero también lo es el anuncio –subrayado por Sheinbaum– de que estas estancias infantiles no son las de (Felipe) Calderón, es decir, aquellas que ese impresentable –como tantos otros– habilitó como aberrante negocio para sus familiares, amigos, políticos y empresarios para que lucraran con la atención, seguridad y cuidado de los niños.

Imposible no recordar que esa forma de hacer negocios para los parientes y demás cómplices terminó en una tragedia en la que murieron quemados 49 niños y más de 100 resultaron con lesiones de por vida. Eso sucedió el 5 de junio de 2009, cuando se incendió una bodega colindante con la guardería ABC en Hermosillo, Sonora (además, sus instalaciones estaban junto a una gasolinera y no tenía salidas de emergencia ni extintores), subrogada (desde el sexenio de Vicente Fox) a familiares de Margarita Zavala (el parentesco no está por encima de la ley, decía), esposa de Felipe Calderón, entonces inquilino de Los Pinos.

La primera negación de responsabilidad (de las muchísimas que ofrecieron los funcionarios calderonistas) fue del en ese momento director general del IMSS, Daniel Karam, quien dijo que la ABC aparentemente estaba dentro de la normatividad correspondiente, y detallaba que mil 526 guarderías estaban subrogadas (vía adjudicación directa) por el instituto, y en ellas se atendía a 223 mil menores, simples mercancías para los beneficiarios de esa política (Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –prima de Margarita Zavala–, Gildardo Urquides y Sandra Téllez, esposa de un funcionario del gobernador Eduardo Bours).

Calderón y sus secuaces hicieron hasta lo impensable para lavarse las manos, intentar justificar el tráfico de influencias y mantener impunes a los familiares de su esposa y socios: desde pretextos banales para evadir la responsabilidad hasta amenazas y chantajes gansteriles, por ejemplo, al entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar (él lo denunció: Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del Presidente para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo).

Pero no termina ahí el descarado tráfico de influencias en el negocio de la atención, cuidado y seguridad de los niños: sólo entre 1997 (Zedillo) y 2009 (Calderón), las guarderías subrogadas por el IMSS se incrementaron 400 por ciento, y por la tragedia de la ABC el gobierno calderonista frenó la licitación de otras 78 (además, privatizaron 60 por ciento de las guarderías del Issste).

En el inventario de beneficiarios de la subrogación aparecieron familiares de Zedillo, Fox, Calderón, políticos prianistas y perredistas, amigos del régimen y ex directivos del IMSS, que se repartían un presupuesto no menor a 8 mil millones de pesos.

Entonces, bienvenida la recuperación de un derecho para la familia.

Las rebanadas del pastel

Trump declarará organizaciones terroristas a los cárteles del crimen organizado. Bien, pero la primera en su lista debe ser la Casa Blanca.

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