Persiste la violencia en la Tarahumara
as disputas territoriales del crimen organizado han provocado el desplazamiento de más de 8 mil personas de los municipios chiapanecos de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Siltepec; mientras en Chihuahua se vive en alerta permanente por la violencia armada que esta semana desplazó a cientos de familias rarámuris de las comunidades de Guadalupe y Calvo.
Representantes de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno niegan la existencia del desplazamiento, denunciaron en Chihuahua las organizaciones Consultoría Técnica Comunitaria y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, bajo el argumento de que no hay denuncias penales
y no hay amenazas directas
hacia las familias desplazadas, como si se tratara de movilidad voluntaria de la población.
Las víctimas rarámuris han solicitado de manera reiterada que se incremente el número de elementos de seguridad y se genere un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros y el acceso de alimentos. Pero nada de esto ha ocurrido, mientras la emergencia crece.
Esta semana decenas de familias de la comunidad de Dolores, en su mayoría rarámuris, abandonaron sus casas por los ataques armados, pero alrededor de 30 familias se quedaron varadas e imposibilitadas de salir, sin que las autoridades brindaran algún tipo de auxilio, denunciaron las organizaciones de derechos humanos.
Los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara han sido continuos por los menos desde 2021 en comunidades como Dolores, El Muertecito, Coloradas de la Virgen, San Fernando, Santa Rosa e Ignacio de Los Sotelo. Los últimos ataques armados en el municipio de Guadalupe y Calvo iniciaron desde el pasado 4 de diciembre y han continuado hasta esta semana.
Nos preocupa que los gobiernos nieguen que se comete este delito en el territorio estatal
, señalaron las asociaciones civiles que acompañan a las comunidades, al tiempo que condenaron la falta de acciones. No se trata de negar, sino de asumir y resolver de manera urgente, tanto en Chiapas, donde día con día se recrudece la violencia criminal obligando a la gente a salir de sus territorios; como en Chihuahua, donde la situación es también insostenible.
