El gobierno federal denunció la existencia de un esquema de fraudes, corrupción y despojo de viviendas en el Infonavit, en el que intervienen empleados del instituto, notarios, despachos, integrantes del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores, lo que ha causado daños millonarios en el ahorro de los derechohabientes.

Octavio Romero Oropeza, director del organismo, subrayó que en el consejo de administración los sectores empresarial y de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a estos casos.

Ayer, en la mañanera del pueblo, habló de triangulación de recursos, entrega irregular de indemnizaciones millonarias a empresas, la contratación ilegal, en 2013 y 2014, de un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito y venta irregular de inmuebles, donde se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas.

Esto significa, explicó, que se vendieron en un año hasta cuatro veces cada inmueble y hasta ahora han detectado que involucra más de mil 200 millones de pesos.

Detalló que la ASF detectó a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que hubo triangulación de recursos para otorgar una indemnización de 5 mil millones de pesos a la empresa Telra Realty, que en 2014 recibió un contrato por 100 millones de pesos para diseñar y poner en operación, en un lapso de dos años, una plataforma tecnológica para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia.

A pesar de que la firma incumplió, el consejo de administración autorizó el pago de la indemnización, con base en un documento del despacho legal White & Case –presentado por la dirección sectorial empresarial del Infonavit, que obra como prueba en carpeta de investigación– el cual carece de firma de representante, y donde se menciona que el consejo de administración del Infonavit aprobó la terminación de contratos con Telra en virtud de su posible inviabilidad jurídica y financiera.

Mencionó que dos socios de la empresa, cuando se dieron cuenta que estaba chueco el asunto, devolvieron 2 mil millones de pesos, pero tres se han negado a devolver los 3 mil millones restantes.

La ASF descubrió que la triangulación se dio entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit, y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018, antes del inició de sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que ante la intervención de la ASF, por alguna razón los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit interponer un amparo contra el informe de resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra del sector gobierno y la oposición de la dirección general.

Romero Oropeza también dio cuenta del caso Línea III, consistente en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes, proyectos que son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial.

Indicó que se han identificado 22 proyectos autorizados, entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos con el Infonavit por 575 millones de pesos.

Además, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

Pese a que no construyeron vivienda, agregó el funcionario, cuatro empresas recibieron 81 millones de pesos adicionales de los créditos de los trabajadores.

El titular del Infonavit mencionó la existencia de una red delictiva de ventas sucesivas, en las que intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.

Hasta ahora, en 21 estados detectaron los 12 mil créditos sobre mil 400 inmuebles, sin que la comisión de vigilancia o el comité de auditoría tomaran acciones en contra de los responsables.

Se trata, sostuvo, de un mecanismo delictivo empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta 40 por ciento de sus ahorros para vivienda.

Tan sólo en el estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces, con la participación de dos despachos, tres peritos valuadores, tres contralores y seis trabajadores.

Detalló que en 2019, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3 mil 800 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificados para recuperar viviendas por la vía judicial.

Entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes.