Más de 10 mil burócratas del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca marcharon ayer por las principales calles del municipio capitalino para demandar al gobernador morenista Salomón Jara Cruz y al Congreso local cancelar el decreto 24 por el cual suprimieron mil 344 plazas para igual número de empleados.

La dirigencia sindical acusó al man-datario de violentar los derechos humanos y laborales de los afectados. Defensores de los trabajadores denunciaron que la medida viola la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo.

Con consignas como: ¡Revocación!, ¡revocación!; ¡Jara, culero, tú eres el ratero!, y: ¡consejero, dañaste al obrero!, a las 17 horas inició la marcha del parque El Llano hacia el palacio de gobierno donde exigieron al gobernador dar la cara.

En la puerta del Poder Ejecutivo, los inconformes lanzaron al menos media docena de huevos, mientras integrantes de la dirigencia sindical golpearon la puerta en demanda de una audiencia; una hora después funcionarias menores de la administración atendieron el llamado.

El grupo de personas dijo ser de la Secretaría de Gobierno y propusieron una mesa de diálogo para el domingo, donde serán atendidas las peticiones de los afectados. No obstante, los presentes rechazaron la propuesta y exigieron a los líderes de su gremio instalar la mesa ayer mismo. Asimismo, acusaron de vendido a su secretario general, Pedro Castillejos.

El dirigente sindical, en tanto, afirmó que la demanda es clara: la revocación del decreto 24 por el cual se suprimieron mil 344 empleos de base y su reinstalación inmediata. Puntualizó: no hay margen de negociación, pues primero se deben cumplir las dos exigencias laborales, toda vez que se afectó a la base trabajadora con esas decisiones viscerales.

El día 11, a la medianoche, en sesión extraordinaria la legislatura estatal avaló un decreto para suprimir mil 344 plazas administrativas, por iniciativa del gobernador Jara Cruz.

Los burócratas repudiaron la determinación y aseguraron que había personas con más de 30 años de antigüedad y a punto de jubilarse; además no los notificaron oficialmente.

Castillejos aseveró que las acciones de Jara Cruz y su consejero jurídico estatal, Geovany Vásquez Sagrero, son violatorias de los derechos laborales y humanos, por lo que iniciaron una defensa jurídica.

El coordinador de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en la entidad, Isaac Torres Carmona explicó que antes de la aprobación de la propuesta del mandatario, se “debió realizar una extensa investigación, y los empleados debieron ser notificados a fin de permitirles la defensa de sus funciones, porque no basta con que el gobernador o su consejero aseguren que las plazas laborales fueron entregadas de forma ilegal. No es suficiente decir eso. Se debió agotar la formalidad mediante procedimientos administrativos de carácter legal. De igual forma, abogados especialistas en estos temas cuestionaron el decreto, porque se violentó la presunción de inocencia de mil 344 personas y no se les permitió la legítima defensa.

Además, en el presupuesto aprobado para 2025 se contempla el supuesto ahorro de más de 2 mil millones de pesos que dejaría la supresión de dichos empleos, lo que demuestra que sí existen fondos suficientes para solventar esos sueldos, y no como asegura Salomón Jara; así que no existe el fundamento bajo el cual se tomó esa decisión, puntualizaron. Al cierre de esta edición continuaba la protesta.