La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rechazó que haya falta de equidad en la vigilancia del precio de la tortilla como acusó el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) y respaldó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza el Acuerdo Nacional del Maíz.

Después de que el organismo hizo señalamientos sobre la metodología que emplea la dependencia descentralizada de la Secretaría de Economía (SE) para vigilar los precios del alimento en 530 negocios, la Profeco indicó que sólo cumple con la responsabilidad institucional de brindar información a la población consumidora, a fin de orientarla sobre los establecimientos en donde les conviene adquirir este producto básico, en beneficio de la economía familiar.

La oficina federal subrayó que no realiza actividades de supervisión, evaluación o inspección a las tortillerías como lo plantea la CNT, organismo que también pidió que se tome en cuenta los negocios que ofrecen kilos de tortillas calientes en condiciones insalubres.

Dicho monitoreo de precios obedece a la instrucción girada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en concordancia con las atribuciones conferidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero sobre todo por el mandato del pueblo de México, señaló la Procuraduría.

Explicó que la metodología que sigue para la vigilancia está basada en una selección de los establecimientos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para recolectar los precios basándose en criterios de mayor actividad económica, densidad de población y mejor ubicación geográfica, como se establece en el estatuto orgánico de la Profeco.

También se considera que se trate de un local formal que tenga de uno a cinco trabajadores, con máquina para producir la tortilla así como con báscula y que venda el producto por kilo.

Subrayó que la Profeco no controla precios, pero sí verifica que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas dispuestos por otras disposiciones y determinados por las autoridades competentes.