Mazatlán, Sin., Un total de 31 personas que se encontraban internadas en centros privados de rehabilitación de adicciones, en Mazatlán, abandonaron dichos lugares, entre lunes y martes, para irse presuntamente de manera voluntaria con grupos de civiles armados, afirmó la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Señaló que de acuerdo con información proporcionada por familiares, algunos de los pacientes se comunicaron con ellos para externarles que su salida fue por decisión propia; no obstante, se abrió una carpeta de investigación de manera oficiosa para detectar si hubo coerción.

El lunes pasado el titular de la Secretaría de Seguridad de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez, dio a conocer que 16 internos del sitio denominado Pertenecer Mazatlán accedieron a seguir a varios sujetos que querían que los acompañaran para trabajar con ellos.

Aseguró que esa versión fue confirmada por testigos y el director responsable del sitio y añadió que debido a la naturaleza del incidente sólo se procedió a tomar nota, aunque se dará seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es lamentable que algunas personas decidan por una situación, vamos, podemos decir con posibilidad que realicen sus actividades al margen de la ley, agregó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Al respecto, la fiscal Sánchez Kondo detalló ayer que después de dicho reporte se hizo un recorrido por más lugares de este tipo; en uno de ellos se corroboró que 10 personas se fueron en condiciones similares; en otro se contabilizaron cuatro y en uno más se registró una salida en el mismo contexto.

Borran videos de las cámaras de vigilancia

Según fuentes policiales, presuntos miembros del crimen organizado acudieron a los centros Proceder Matriz, ubicado en la colonia Flores Magón; Pertenecer Mazatlán, en el sector Urías; Abad, cerca de la carretera Internacional; CRADHAC, en Ampliación Lico Velarde, y Tú Puedes, en Valles del Ejido.

Los sujetos exigieron que les abrieran las puertas para ofrecer a los internos colaborar en sus filas a cambio de un pago; antes de irse obligaron a los empleados a borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad.