arece cercano el final del ya prolongado culebrón fiscal protagonizado, desde 2006, por Ricardo Salinas Pliego y sus pajes del Poder Judicial. Al empresario de los abonos chiquitos y los intereses de agio se le desmorona su impero económico, cada día que transcurre de las manos se le van millones de dólares; sus diezmados cancerberos en el aparato de justicia han sido públicamente desnudados y en tribunales ha perdido –cuando menos y en prácticamente todas las instancias– nueve juicios por razones tributarias (sólo en México).

En connivencia con sus aliados políticos y empleados entre el muy corrupto aparato de impartición de justicia, a lo largo de 18 años Salinas Pliego ha evitado lo inevitable: pagar multimillonarias cantidades por sus adeudos fiscales, evasión que, dicho sea de paso, ha sido uno de los pilares de su fortuna. Pero llegó la hora de pasar a la caja registradora del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara: Salinas Pliego, como cualquier ciudadano mexicano, tiene que pagar sus impuestos. No voy a entrar a ese debate, pero no le está ayudando. Ven las acciones cómo cayeron. Él tiene un estilo, tampoco vamos a estar cayendo... está buscando, creo, cobertura en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe. A lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega. Además, dijo, ya ni tanto poder económico tiene; bajaron un montón (el precio de) las acciones de Elektra.

Así es: de acuerdo con su propio reporte financiero anual, al cierre de 2023 el precio de cada una de las acciones de Grupo Elektra fue de mil 173 pesos; ayer, al concluir las actividades en el mercado bursátil mexicano, a duras penas llegó a 245 pesos por unidad, lo que da cuenta de que en el transcurso de 2024 la pérdida acumulada ha sido de 80 por ciento, y contando.

Por lo que toca a los litigios, el mismo reporte financiero indica que desde 2006 Grupo Elektra mantiene nueve juicios fiscales derivados de la negativa de la empresa a pagar el impuesto sobre la renta, mismos que involucran alrededor de 30 mil millones de pesos (el gobierno federal reclama algo así como 63 mil millones por actualizaciones, recargos, multa y conexos). El corporativo reconoce que el adeudo de mayor cuantía es de 2013 e involucra cerca de 18 mil 500 millones.

Cuando menos desde el primero de los años citados, el empresario movilizó su ejército de abogados para evitar a toda costa cumplir con sus obligaciones tributarias, para lo cual ha contado con la ayuda de sus amigos de la clase política y la de algunos integrantes del Poder Judicial, como el recientemente retirado y pensionado Luis María Aguilar Morales, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien solícitamente atrajo el caso del magnate y lo archivó durante 10 meses en lo más profundo del último cajón de su escritorio para evitar que Salinas Pliego cumpliera con el fisco. Y sólo lo desarchivó tras la denuncia pública que sobre el particular hiciera el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Días antes de concluir su mandato constitucional, López Obrador dijo que la SCJN ya no puede involucrarse en el fondo del litigio contra Salinas Pliego, pues se ha confirmado legalmente que existe un adeudo fiscal y no hay ninguna posible interpretación de inconstitucionalidad. De hecho, dijo entonces, la Suprema Corte, “en sentido estricto, no debió darle entrada al recurso (de Salinas Pliego); lo hizo y asignó indebidamente, ilegalmente, a un ministro, una ministra, pero lo que procede es decir: ‘no tenemos competencia, es cosa juzgada’. Quién sabe cómo vaya a terminar. Yo para entonces pues ya voy a estar en Palenque y ni me voy a enterar”.

Y sí, no se ha enterado, porque el culebrón fiscal de Salinas Pliego se mantiene en el aire, pero todo apunta a que más temprano que tarde el de los abonos chiquitos obligadamente pasará a la caja recaudadora del SAT.

Las rebanadas del pastel

Atento mensaje de la presidenta Sheinbaum a los depredadores corporativos mineros canadienses: No puede ser que aquí se apliquen unas normas por ellas y en Canadá se apliquen otras. Además, “no va a haber fracking”, y la Secretaría del Trabajo incrementará las inspecciones y revisará a fondo para garantizar la seguridad de los mineros, un asunto de primera importancia en lo que las empresa nacionales y foráneas no son precisamente muestra de cumplimiento. Ahí está, por ejemplo, el caso de Pasta de Conchos, responsabilidad del tóxico Germán Larrea.

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