Al rendir su informe anual 2023-2024, la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, sostuvo que la sustitución de juzgadores que se avecina con motivo de la reforma judicial enciende las alertas, pues generará nuevos retrasos procesales en perjuicio de los ciudadanos.

Pero no sólo eso, criticó la reforma al Poder Judicial de la Federación, así como el conjunto de enmiendas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión en los últimos tres meses. Son preocupantes para la Defensoría Pública, al igual que para la academia, el gremio de abogados, activistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, subrayó.

En enero de 2023, Cruz Parcero fue designada titular del IFDP, organismo dependiente del Poder Judicial, por decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

“El traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, con facultades para la investigación de delitos; el aumento en el catálogo de actos delictivos de prisión preventiva oficiosa, en expreso desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la introducción de la figura de los jueces sin rostro y la previsión de mecanismos disciplinarios que serán una constante amenaza para la independencia judicial, así como la pretendida abolición del control de convencionalidad mediante la mal llamada reforma de ‘supremacía’ constitucional no son decisiones compatibles con la idea de democracia sustantiva, la que tiene como condición no sólo elecciones periódicas, sino la división de poderes, sujeción de éstos a la ley, respeto a los derechos humanos y la garantía de los derechos sociales.”

Ilegalidad en detenciones con el sistema penal acusatorio

Como parte de su informe, expresó que en los asuntos que corresponden al sistema penal acusatorio, observaron con preocupación que en 684 ocasiones se ha decretado judicialmente la ilegalidad de la detención de las personas que representan, mientras en 896 casos se decretó la no vinculación a proceso.

Apuntó que han logrado la libertad de 37 reclusas de Santa Martha Acatitla y Tepepan, y recordó que en el caso del Centro Federal de Reinserción Social destinado sólo para mujeres, conocido como Cefereso 16 (ubicado en el estado de Morelos), a la fecha, contando desde 2021, han fallecido 19 internas en circunstancias que han sido catalogadas por las autoridades como suicidios, por lo que han presentado las denuncias penales para que se investiguen estas muertes, ocurridas bajo la custodia del Estado.