La Paz. El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de prisión por la firma de un centenar de contratos petroleros sin aprobación parlamentaria durante su gobierno, informó ayer el Ministerio de Justicia, que calificó de histórica la sentencia.

Sánchez de Lozada, que gobernó el país en los periodos 1993-1997 y 2002-2003, fue hallado culpable de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la justicia boliviana.

Estos delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos sin la autorización del entonces Poder Legislativo, en franca violación de la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos, señaló la institución en un comunicado.

La decisión fue tomada antenoche por el Tribunal Supremo de Justicia luego de siete horas de deliberación, informó el Ministerio.

Junto con Sánchez de Lozada fueron condenados a cinco años de cárcel los ex ministros de Hidrocarburos Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras, así como Carlos Alberto López, ex viceministro del mismo sector.

La Constitución vigente entonces exigía que todos los contratos de hidrocarburos fueran aprobados por el Congreso boliviano, pero nunca fueron remitidos, dijo César Siles, ministro de Justicia, en conferencia de prensa.

Por eso estamos celebrando una condena histórica, agregó.

El inicio del caso conocido como Petrocontratos se remonta a una denuncia interpuesta en 2005, que finalmente pasó a juicio en agosto de 2024.

Actualmente Sánchez de Lozada tiene 94 años y reside en Estados Unidos.

El ex presidente renunció a la presidencia y huyó de Bolivia en 2003 en medio de la guerra del gas, un periodo de convulsión social y protestas que exigían la nacionalización de este recurso.

Los enfrentamientos entre civiles y policías y militares en las ciudades de La Paz y El Alto dejaron un saldo de al menos 60 manifestantes muertos y 400 heridos.

“Es una sentencia que aguardaban el pueblo boliviano, las víctimas de la ‘guerra del gas’ y el pueblo alteño”, comentó Siles.

La resolución también permitirá iniciar el cobro de una acción reparatoria civil y los trámites de extradición.

El Ministerio de Justicia destacó que en el expediente también se involucraba inicialmente al ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002).

Sin embargo, este último fue excluido del proceso por amnistía otorgada por Evo Morales en 2019, decisión que siempre merecerá cuestionamientos históricos, expresó la institución.