Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se propone impulsar una política de datos abiertos –información que la administración pone a disposición de la sociedad para libre uso– que fortalezca la transparencia y disminuya la necesidad de interponer solicitudes de acceso a la información.

Se reviviría una práctica que fue abandonada por los últimos gobiernos, pues la mayoría de las dependencias federales no publican datos abiertos y un reporte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) señala que los datos abiertos son el componente más débil de la apertura institucional en México.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, los datos abiertos son digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado.

La titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, afirmó esta semana al comparecer ante comisiones del Senado que el acceso a la transparencia se preservará y fortalecerá. No nos conformamos con publicar lo mínimo que marca la ley. Trabajamos para llevar cada vez información pública al alcance de la mano en datos abiertos.

Aseguró que con los datos abiertos se inhibirán las solicitudes de quejas, y al hacer transparentes todos los datos, al tener un gobierno cada vez más transparente, inhibimos la corrupción.

Hace cinco años, el gobierno federal presumía que México era líder en Latinoamérica en datos abiertos. Hoy, el portal datos.gob.mx –que concentra datos abiertos de la administración y sus dependencias– ha sido abandonado por muchas instancias.

Por ejemplo, el último registro publicado por la Presidencia de la República corresponde a 2018.

En noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Política Nacional de Datos Abiertos, meses antes por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT). En el documento correspondiente se señala que la Métrica de gobierno abierto evidencia que los datos abiertos son el componente más débil de la apertura institucional, pues en este caso el promedio nacional es de 0.16, en una escala de 0 a 1. Esto indica que la mayoría de los sujetos obligados en el país no publican datos abiertos.

Adicionalmente, según el ABC de los Datos Abiertos publicado en diciembre de 2023 por el INAI, éstos no equivalen a la transparencia, pues mientras los primeros se refieren a un conjunto de datos que está disponible para que cualquier persona pueda acceder a ellos, utilizarlos y compartirlos, la segunda es una cualidad aplicable a los flujos de información que constituyen las herramientas a través de las cuales identificamos, conocemos, entendemos y evaluamos la acción gubernamental. Esto permite a la gente obtener conocimiento útil y tener influencia en las decisiones gubernamentales.