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Aseguradoras de salud en Chile desatan la ira de miles de afiliados

Devolverán hasta en 13 años los recursos cobrados de forma abusiva

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▲ Reacciones de enojo y sarcasmo provocaron las condiciones en que las Isapres devolverán los recursos cobrados abusivamente.Foto @octubre35628748
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 13

Santiago De Chile., Una vez más en su prolongada historia de provocaciones, desencuentros y de abusos, las 10 aseguradoras privadas de salud que operan en Chile –conocidas como Isapres (institutos de salud previsional)–, están causando la ira, el desencanto y hasta la ironía de sus clientes.

Obligadas en noviembre de 2022 por la Corte Suprema de Justicia (https://bit.ly/4fPDHId) a reintegrar el equivalente a mil 400 millones de dólares que cobraron en exceso durante años a 700 mil de sus 3.5 millones de afiliados –20 por ciento de la población del país–, las Isapres enviaron ayer, en el límite del plazo legal, cartas a aquellos comunicándoles cómo harán efectiva la devolución de esos recursos a partir de diciembre y el monto que les corresponde.

Una ley aprobada en mayo fijó que el plazo máximo sería de hasta 13 años, entendiendo que podría justificarse en situaciones donde el abuso de precios fue por sumas considerables.

El monto promedio de las devoluciones es de poco más de mil 600 dólares, pero la cantidad varía significativamente entre los afiliados, desde los 40 centavos de dólar y hasta un máximo de 70 mil dólares.

El viernes, conforme los afiliados leyeron la carta que recibieron, las redes sociales fueron copándose de reacciones entre la furia y el sarcasmo, pues se informó de casos donde se pagarán sumas que apenas un dólar hasta en 156 cuotas, es decir, el máximo plazo legal definido en el Parlamento.

Por ejemplo, la aseguradora Cruz Blanca informó a una clienta la devolución de aproximadamente mil 300 dólares en el plazo máximo, con lo cual ella recibirá en los primeros 5 años cuotas mensuales de 659 pesos chilenos, unos 70 centavos de dólar.

En la red X, una persona comentó que me pagarán en cómodas cuotas mensuales hasta noviembre del 2037, un chiste, mientras otra aseguraba que es una vergüenza tener una clase política que permitió esta burla indecente, aludiendo así a la denominada Ley corta de Isapres que reguló el tema.

Al momento de cobrar no les da vergüenza subir los planes de la forma que les plazca, quitar beneficios y brindar una pésima atención al cliente. Pero al momento de corregir un incumplimiento se hacen los pobrecitos, dijo una afiliada a un medio local, agregando que lo peor es sentir que tienes que tragarte la frustración porque este robo está avalado por la ley.

Es que también la Ley corta autorizó que las aseguradoras aplicaran unilateralmente un alza hasta de 45 dólares mensuales a cada uno de sus clientes -quien no esté de acuerdo debe marcharse o cambiar por un plan de salud con menos coberturas–, a la vez que terminó con la acumulación de los excedentes que permitían pagar atenciones o medicamentos.

A las personas mayores de 80 años se les deberá reintegrar en un plazo de dos años; para quienes tienen entre 60 y 80 en cinco; y para los menores de 65 en 13 años máximo.

Según el superintendente de Salud, Víctor Torres, yo entiendo el reclamo, por supuesto que uno empatiza con ello, porque la gente quisiera toda tener su plata de inmediato o en el menor tiempo posible. Pero la ley, ¿por qué establece 13 años? Precisamente porque es la forma en que las Isapres puedan pagar sin caer en incumplimiento, justificó.

Las Isapres, originadas en 1981 durante la dictadura de Pinochet a partir de la privatización de prácticamente todos los servicios públicos, pertenecieron inicialmente a grupos económicos locales y son, junto a las administradoras de fondos de pensiones, un símbolo del régimen neoliberal instaurado, prevaleciendo ambas casi sin contrapeso. La propiedad de las 10 aseguradoras que existen en Chile está mayoritariamente en manos de inversores estadunidenses y británicos.

Probablemente, el único aspecto que las sancionó al aprobarse la Ley corta, consiste en que mientras no salden la totalidad de las cuentas, estarán impedidas de retirar utilizades, las cuales alcanzaron casi 2 mil millones de dólares entre 1990 y 2021.