Caracas. Estados Unidos anunció sanciones contra 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por cumplir sus órdenes para reprimir a la sociedad tras declararse ganador, de manera fraudulenta de las elecciones celebradas el pasado julio. Caracas rechazó las nuevas penalizaciones contra un grupo de patriotas y las calificó de acto desesperado.

Entre los sancionados están los jefes de los servicios de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; el general Javier José Marcano Tábata, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y el general Rubén Santiago, de la Policía Nacional.

Las penalizaciones apuntan también a ministros: el de Comunicación, Freddy Ñáñez; de Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán; de Planificación, Ricardo Menéndez; del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior, Diosdado Cabello, a cargo de la Promoción de Exportaciones.

Los sancionados han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las presidenciales del 28 de julio, afirma el departamento del Tesoro en un comunicado.

El estallido de protestas poselectorales se saldó con 28 muertos, 200 heridos y unos 2 mil 400 detenidos, mientras el candidato opositor Edmundo González Urrutia terminó exiliándose en España.

Medidas de un gobierno decadente

Las medidas anunciadas son un acto desesperado de un gobierno (estadunidense) decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país, reviró en un comunicado la cancillería venezolana, tras rechazar las sanciones contra un grupo de patriotas que desde sus funciones se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington, contra la voluntad democrática del pueblo venezolano.

Caracas aseguró que estas medidas unilaterales no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen.

Venezuela tiene 459 sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro estadunidense –la principal agencia sancionadora del mundo–, las cuales implican el bloqueo de propiedad y suspensión de entrada a Estados Unidos y prohíben todas las operaciones, dentro de su territorio, con individuos castigados, de acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo. Hasta la fecha son casi 2 mil las personas afectadas con este tipo de restricciones.

Además, la industria petrolera del país sudamericano está sancionada desde 2019, aunque la Casa Blanca otorga licencias a compañías para operar en ese país, como es el caso de la estadunidense Chevron.