El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, descartó ayer la posibilidad de intervenir ante las llamadas tarifas dinámicas que imponen empresas particulares, entre ellas las que venden boletos de espectáculos artísticos y deportivos.

Al participar en una reunión de trabajo con la Comisión de Defensa del Consumidor del Senado que preside la morenista Cynthia López Castro, puntualizó que mientras haya gente que compre esos boletos a esos precios, el mercado va a seguir elevándolos.

Frente a tales hechos, Escalante apuntó que su propósito es generar un circulo virtuoso de comunicación, de información para el consumo: decir cuáles son los derechos de las personas consumidoras y a partir de ahí que decidan si consumen o no y si compran o no.

El funcionario resaltó que la Profeco no regula precios, sino es el mercado, y los esfuerzos que se hacen desde esta institución tienen el fin de convencer a los productores y expendedores de tener productos accesibles. Se trata de puritito convencimiento y puritito diálogo, enfatizó.

Escalante dijo que la razón de ser de la Profeco es defender a las personas y no al sector privado, pero también es cierto que no tenemos una posición o consigna en contra de las empresas. Es más, cuidar a las personas consumidoras conlleva establecer buenos consensos con los prestadores de bienes y de servicios.

Al iniciar su participación ante los senadores, expuso que todos somos consumidores, por lo que el reto es que gobernemos como consumidores en beneficio de los propios consumidores.

Iván Escalante manifestó estar comprometido en cinco puntos: atención cercana a la ciudadanía, mejorar los canales de comunicación que se tienen con los consumidores, devolver la confianza a la ciudadanía vigilando los procesos de verificación para evitar extorsiones, generar una cultura de consumo responsable y acercarse a las nueva generaciones mediante las tecnologías de la información.

También externó su interés en trabajar de manera coordinada con los legisladores para identificar las áreas donde el marco jurídico es insuficiente o desactualizado, a fin de proponer reformas que fortalezcan los derechos de los consumidores.