El Congreso de la Ciudad de México exhortará a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Contraloría General a que investiguen a funcionarios de la alcaldía Tlalpan en la administración de la perredista Alfa González, quienes supuestamente son parte de una red de extorsión a comerciantes de la demarcación, como denunció la actual alcaldesa, Gabriela Osorio.

Los funcionarios públicos, aunque ya no estén, pueden ser sancionados. No es importante que hayan dejado de estar en sus cargos porque la ley permite iniciar procedimientos administrativos, penales y jurídicos en contra de quienes afectaron a la población. No vamos a permitir que actos de corrupción queden impunes, dijo la coordinadora de la fracción de Morena, Xóchitl Bravo.

La semana pasada, la alcaldesa de Tlalpan informó de la existencia de 205 expedientes inventados, diseñados específicamente para extorsionar a comerciantes, a quienes los entonces funcionarios de la alcaldía exigían hasta 100 mil pesos para retirar sellos de clausura. El dinero recaudado era transferido a cuentas personales, pero las carpetas permanecían abiertas incluso después de que las víctimas pagaban.

En conferencia de prensa, Bravo señaló que en las alcaldías gobernadas por la oposición, como Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, han sido evidentes “las corruptelas, los desfalcos y el mal uso en el manejo de los recursos púbicos.

La corrupción y la extorsión no son delitos menores, son crímenes que desangran a nuestras instituciones, afectan la convivencia y la justicia, y perpetúan la desigualdad y la desconfianza. Lo más grave es que cuando los servidores públicos caen en estos vicios, traicionan la misión que les fue encomendada: trabajar para el pueblo, no para su propio beneficio, sostuvo.

Detectan un caso

Vestida con chaleco guinda, que identifica a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y una carta de verificador sanitario, una mujer de 30 años intentó extorsionar a un comerciante en la alcaldía Tlalpan, por lo cual fue detenida.

La supuesta trabajadora del gobierno capitalino ingresó a un local ubicado en el cruce de avenida Jesús Lecuona y Francisco I. Madero, colonia Miguel Hidalgo, para informar al encargado que no contaba con los permisos para tener abierto el negocio, por lo cual le exigió mil pesos para dejarlo trabajar y no cerrarlo.

El hombre de 54 años solicitó el apoyo de policías auxiliares, quienes interceptaron a la mujer y le encontraron el dinero que le había entregado el vendedor, por lo cual fue puesta a disposición del Ministerio Público.