a presidenta Sheinbaum presentó en sociedad el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, mediante el cual se dará un giro de 180 grados a la política privatizadora del salinato de los años 90 y se reordenarán las concesiones bajo el precepto de que este líquido no es mercancía, sino un derecho y un bien nacional. Debemos permitir que cada mexicano tenga acceso al agua potable de calidad, con suficiencia.

Dijo la mandataria que por distintas razones, desde que el agua se vio como una mercancía en los 90 y se pensó que ello iba a generar eficiencia, hay distintos sistemas administrativos, transferencia de derechos que no necesariamente cubren lo reglamentario y, al mismo tiempo, se conoce poco cuánto líquido hay en el país. Entonces, lo primero es poner orden en las concesiones, y esto lo vamos a hacer en acuerdo con todas y con todos.

Lo anterior hace recordar que entre tantas frases célebres de Carlos Salinas de Gortari, como inquilino de Los Pinos, destaca la que aseguraba que en su gobierno (como en los demás del régimen neoliberal) privatizamos por necesidad, no por obedecer una posición ideológica. Y se quedó fresco como lechuga, a sabiendas de que los grandes corporativos agroindustriales serían los beneficiarios de la Ley de Aguas Nacionales por él promulgada en 1992, la cual permitió concesiones sin límite.

A la vuelta de los años, la no ideologización (Salinas dixit) de la citada ley resultó ser catastrófica; en riguroso sentido contrario de lo comprometido por el susodicho. Se ha documentado el resultado concreto de tal acción: en 1992 había 2 mil títulos de concesión y en 2021 sumaban 600 mil (30 mil por ciento más), según datos de la Comisión Nacional del Agua, lo que ha llevado a la sobrexplotación de al menos 157 acuíferos y a la concentración del líquido en sectores productivos.

México ocupa el primer lugar mundial como consumidor per cápita de agua embotellada, mientras aumenta la población que carece del líquido para cubrir sus necesidades vitales. Se propició el auge de venta de agua embotellada; con este negocio se favoreció a Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé con un gran costo para la gente, ya que el precio de la envasada es entre 240 y 10 mil veces mayor que el de la llave.

Algo más: en México, una quinta parte del agua concesionada está en poder de un reducido grupo de 3 mil 303 empresas, que representan 1.1 por ciento de los permisos de explotación del recurso. Ello, mientras uno de cada 10 mexicanos no tiene acceso al líquido potable; en tanto, las grandes empresas exportan enormes cantidades en forma de productos que necesitan cientos de litros para su elaboración ( La Jornada, Braulio Carbajal).

¿Qué corporativos se beneficiaron con la no ideologización salinista? Entre otros, Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Lala, Bachoco, Femsa, Kimberly Clark (la de Claudio X) y Herdez. Además, cerveceras como Anheuser Busch InBev y Heineken, consorcios mineros, como Grupo México y Autlán, siderúrgicos como ArcelorMittal, Minera del Norte, GoldCorp y Tenium, cementeras como Cemex, Holcim y Apasco. Y en el inventario aparecen empresas de energía eléctrica, papeleras, madereras, automotrices y otras agroindustrias, la mayoría de ellas beneficiarias de voluminosas devoluciones fiscales, exenciones, subsidios cambiarios y los destinados a la investigación y desarrollo tecnológico del sector privado (a costillas del erario).

En la locura de la no ideologización salinista, también aparecen ¡bancos privados!: varios de ellos tienen importantes concesiones. Información de la Comisión Nacional del Agua indica que las tienen BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, Banco Azteca, Invex, HSBC, Mifel, Autofin, Banco del Bajío, Monex, Bansí, CI Banco, Deutsche Bank y Scotiabank ( La Jornada, Braulio Carbajal).

De ese tamaño debe ser el reordenamiento anunciado por la presidenta Sheinbaum.

Las rebanadas del pastel

¿Y dónde está Gobernación?: “en las misas del domingo (en la Basílica de Guadalupe participó un grupo de magistrados y el embajador Ken Salazar, te rogamos, Señor), la Iglesia católica arreció su activismo contra la reforma judicial y, abiertamente, obispos y sacerdotes tuvieron expresiones de rechazo al proceso que ya está en marcha para elegir a jueces, magistrados y ministros” ( La Jornada).

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