El gobierno actual de la alcaldía Magdalena Contreras detectó irregularidades que implicaron la disposición de recursos para diversas contrataciones sin que el gasto fuera registrado ante la Secretaría de Finanzas, lo que fue calificado de acto muy grave, dijo el titular de la demarcación, Fernando Mercado Guaida.

En reunión con diputados, explicó que la anterior administración no aprobó un programa operativo de gasto que por ley debió contar con un calendario de gasto; entonces, por ejemplo, para ejecutar el programa Juntos por la Familia se erogaron 24 millones de pesos de una cuenta sin registrarlos y sin que correspondieran a los destinados para ello. Hasta el momento se han regularizado 285 millones de pesos en contratos.

Advirtió que el modelo de administración podría generar subejercicios y deuda, pues hay contratos de los que no se tiene soporte jurídico y que aún faltan por pagar. Reveló que desde el día de la elección hasta una semana antes del cambio de gobierno la gestión pasada comprometió 61 por ciento de todos los recursos anuales; tan sólo la última semana se contrató 4 por ciento de los recursos. A nosotros nos dejaron ese mismo porcentaje de recursos para ejercer en tres meses.

Alavez plantea reformas

Más temprano estuvo la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, quien pidió al Congreso local reformar la Ley de Participación Ciudadana para permitir la realización de consultas sobre el presupuesto participativo en año electoral.

Dicho candado fue puesto en la legislación para no violar la Ley Electoral, que prohíbe la promoción de programas sociales durante las campañas. Alavez dijo entender el sentido de la disposición; sin embargo, opinó que la restricción limita el acceso al derecho colectivo de los ciudadanos a definir sus prioridades en comunidad.

Advirtió que de no reformar la ley se corre el riesgo de afectar los derechos de las personas, porque el próximo año no podría realizarse la consulta debido a la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial.

Asimismo, propuso reformar la Ley de Reconstrucción para convertirla en ley de prevención y reducción de riesgos de viviendas en la capital, y que la Comisión de Reconstrucción sea un ente de articulación para generar políticas públicas en la materia. La alcaldesa de Iztapalapa solicitó 15 por ciento de incremento al presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025.